En los últimos meses el polígono Dehesa Boyal II, el proyecto soñado a nivel empresarial en Pozoblanco, es el que se lleva las miradas y el protagonismo, pero la realidad de los polígonos industriales en la localidad tiene otras tareas pendientes. Entre ellas, la legalización de dos polígonos: La Emiliana y San Gregorio. El primero es que el que lleva la delantera en un proceso que avanza lentamente pero con paso firme para conseguir el objetivo final. Tanto es así que ya se atisba una horquilla temporal para que el primero de los procesos que hay que abordar, la reparcelación, llegue a su final. El último trimestre del año se presenta como la coordenada temporal para que esa reparcelación sea aprobada definitivamente, según la información que maneja la Junta de Compensación, creada en 2017.

Ese fue el punto de partida para que ahora, nueve años después, el proyecto de parcelación se encuentre en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba para su información. A la espera de cualquier observación, que tendrá que ser corregida, posteriormente pasará al Ayuntamiento para su aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. De ahí, después del tiempo de exposición pública, llegaría al registro para convertir las fincas rústicas en urbanas. «Estamos, ahora mismo, en la última fase de todo el proceso que iniciamos en 2017″, explica José María Fernández, secretario de la Junta de Compensación, que se muestra optimista por dos hechos: la unanimidad de los empresarios implicados y el fondo económico creado por los mismos para hacer frente a un proceso «muy costoso». De momento, el proceso actual ha conllevado gastos por encima de los 600.000 euros.

Llegar a las puertas de la finalización de este primer paso no ha sido nada fácil porque «estamos ante procesos muy largos, pero también con personas implicadas con diferentes intereses». Eso no ha sido óbice para que los 32 propietarios afectados consigan entablar acuerdos para llegar a un mismo puerto, salir de la situación de «alegalidad» en la que se encuentran.

El paso de suelo rústico a urbano implica el reconocimiento oficial de las actividades e instalaciones existentes como usos industriales o económicos legítimos. A partir de ese momento, los propietarios podrán acceder a distintas herramientas de financiación, como la solicitud de préstamos avalados por sus propias instalaciones, la formalización de hipotecas o el acceso a ayudas y líneas de crédito ofrecidas por la Administración para el desarrollo de proyectos. Este cambio es especialmente relevante, ya que la situación actual de alegalidad limita significativamente la capacidad de impulsar nuevas iniciativas, al exigir el cumplimiento de normativas relacionadas con residuos, contaminación u otros aspectos sin contar con un marco jurídico claro.

José María Fernández defiende, además, que «va a ser el mejor polígono comercial, es verdad que para pequeñas y medianas industrias, pero por su situación tan cercana a la localidad, su ubicación a pie de carretera, es muy apetecible, más cuando se ejecute la circunvalación norte». De momento, los empresarios siguen trazando el camino para llegar al final del proyecto, que llegaría con la urbanización, aunque para eso ni se contemplan plazos. Por el momento, se pone en valor el ver el final cerca de una de las partes del proceso y se matiza que abordar la segunda será cuestión de tiempo y también de la decisión de los particulares enfocando esa urbanización, por ejemplo, en diferentes fases.

Aunque se trata de un proceso a nivel privado, con presencia del Ayuntamiento en la Junta de Compensación como marca la normativa, el Consistorio ha apoyado este proceso desde su inicio. A este respecto, el primer edil del municipio, Santiago Cabello, ha indicado que «se trata de un proceso complejo que ha requerido años de trabajo técnico y administrativo, con numerosos procedimientos, informes y subsanaciones». El alcalde subraya que, cuando se culminen todos los pasos, el Ayuntamiento «podrá proceder a la aprobación definitiva, lo que supondría un hito histórico tras cerca de tres décadas de tramitación marcadas por dificultades y una importante carga burocrática».