La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha mostrado su preocupación por la situación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba cuyo personal se encuentra desbordado, viéndose obligado a prolongar su jornada laboral prácticamente todos los días, con las consecuencias sobre la salud y la conciliación.

«La plantilla de estos juzgados prolongan a diario su jornada para poder atender a las personas detenidas y sacar adelante unos procedimientos especialmente sensibles. Esta carga se ha incrementado aún más tras la ampliación del partido judicial de Córdoba, que ahora asume también asuntos procedentes de Pozoblanco, Lucena y Cabra», explica la delegada de CCOO en Justicia, Susana Jiménez, quien añade que «desde CCOO también entendemos que reunir varios partidos judiciales no acerca la Justicia a las víctimas de violencia sobre la mujer. Al contrario, supone un obstáculo añadido en un momento especialmente delicado: el de tomar la decisión de denunciar».

Por otra parte, «la creación de un nuevo Juzgado de Violencia a principios de año tampoco vino acompañada de una ampliación suficiente de la plantilla. Inicialmente solo se incorporaron dos tramitadores y, posteriormente, tres tramitadores más y un gestor de refuerzo. La realidad es que esa dotación resulta claramente insuficiente. La sobrecarga de trabajo es inasumible y dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y familiar de estos funcionarios, obligados a prolongar su jornada prácticamente todos los días», describe la responsable sindical.

Cabe mencionar que, en el juzgado de lo penal con especialidad en violencia, se está señalando para marzo de 2027 y las audiencias preliminares para septiembre de ese mismo año. Actualmente, el Juzgado de lo Penal con competencia en violencia cuenta hasta final de año con el refuerzo de un juez, circunstancia que está evitando que el retraso sea todavía mayor en unos procedimientos cuya naturaleza exige una especial agilidad. La situación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no es excepcional. Han pasado ya seis meses desde la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y, al menos en Córdoba, la realidad demuestra que las expectativas creadas no se han traducido en una mejora del servicio público de Justicia, se asegura dede el sindicato. 

«Los retrasos en los procedimientos de los juzgados de lo Social continúan siendo inaceptables. En el mejor de los casos, los señalamientos ya alcanzan el año 2029 y una justicia que no es rápida, no es justicia. Pensemos en una persona que ha sido despedida y la empresa no le quiere abonar la indemnización que le corresponde. Esperar dos años a que el juzgado dicte una resolución sobre un derecho reconocido por ley es injusto y, además, deja los derechos vacíos de contenido por no obtener respuesta en un plazo razonable», destaca Jiménez.

El malestar entre los funcionarios de Justicia es evidente. La implantación del nuevo modelo ha supuesto para muchos la pérdida de destinos que habían conseguido tras más de veinte años de antigüedad. «Han sido destinados a jurisdicciones que, en muchos casos, desconocen, sin un plan de formación que facilite la adaptación y sin ningún incentivo económico que compense ese cambio. Todo ello mientras los funcionarios del resto de comunidades autónomas sí han visto incrementado su complemento específico», denuncia la delegada de CCOO.

A esta situación se suma una carga de trabajo que, en la mayoría de los juzgados de Córdoba, supera ampliamente los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando en muchos casos más del 200%. Tampoco ayuda la falta de personal, agravada por el retraso en la cobertura de bajas por incapacidad temporal y de vacantes, que en ocasiones permanecen sin cubrir durante más de tres meses. 

La situación en el resto de la provincia tampoco ofrece un panorama mejor. Los juzgados trabajan igualmente por encima de las ratios establecidas por el CGPJ y soportan un retraso que ya puede calificarse de endémico. Además, el tiempo que se tarda en cubrir las bajas por incapacidad temporal y las vacantes afecta aún más a estos órganos, al contar con plantillas más reducidas y asumir mayores cargas de trabajo.

CCOO admite que la creación de un nuevo juzgado de lo Social, uno de Familia, uno Mercantil y dos Civiles previstas para el año que viene contribuirá a mejorar las ratios de trabajo. También en Lucena se crean dos nuevos juzgados, uno de ellos exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con competencia sobre Montilla, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba y Baena. Por su parte, Córdoba asumirá la competencia en materia de violencia sobre la mujer de Montoro, Posadas, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Ahora bien, «la creación de nuevos órganos judiciales solo tendrá efectos reales si viene acompañada de nuevas plazas de funcionarios y del correspondiente refuerzo de la Fiscalía. De lo contrario, será imposible reducir el retraso acumulado y únicamente se conseguirá repartir la misma carga de trabajo entre prácticamente los mismos profesionales», advierte la representante de CCOO.