La provincia de Córdoba ha constituido esta semana de manera formal el Observatorio Provincial contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, un órgano de coordinación, análisis y respuesta operativa impulsado por la Junta de Andalucía para erradicar cualquier tipo de violencia (física o verbal) en los centros de salud y hospitales cordobeses. En el acto, presidido por la delegada de Sanidad y Consumo, María Jesús Campos, ésta ha puesto de manifiesto el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía y del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien la semana pasada anunció que el Gobierno andaluz va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario.
La delegada ha explicado que “cuidar a quienes nos cuidan no es una opción, es un deber institucional, social e irrenunciable. Frente a las agresiones en el ámbito sanitario no cabe un sólo paso atrás ni la más mínima tolerancia: la respuesta debe ser contundente, coordinada e inmediata. La delegada territorial ha remarcado que el Observatorio permitirá la participación colegiada y activa de los distintos sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento, estudio, diseño de estrategias y toma de decisiones orientadas a la mejora de la intervención para mitigar las agresiones a las personas profesionales del SSPA.
Así, María Jesús Campos ha explicado que “este órgano nace con una vocación eminentemente práctica y de acción directa en los centros, queremos espacios asistenciales plenamente seguros y con el Observatorio consolidaremos mecanismos de prevención eficaces, dotaremos de respaldo jurídico y psicológico integral a los trabajadores afectados desde el primer minuto y garantizaremos que el principio de autoridad se preserve con absoluta firmeza en cada acto médico o asistencial».
Entre las líneas de actuación prioritarias fijadas se ha destacado la evaluación continuada del riesgo en centros con monitorización constante de las áreas y servicios más sensibles para implementar o reforzar medidas disuasorias (sistemas de videovigilancia, botones de aviso, presencia de seguridad) y la agilización de los circuitos de denuncia con una coordinación estrecha con los interlocutores policiales para simplificar los trámites y para garantizar una actuación inmediata ante cualquier incidente.
Finalmente ha puesto sobre la mesa la importancia de la concienciación ciudadana, para lo que se pondrán en marcha campañas permanentes para promover el respeto mutuo, la empatía y la dignificación de la labor que desempeñan tanto el personal asistencial como los equipos de gestión y servicios.
Necesidad de analizar las causas de los incidentes
Por su parte, el Sindicato de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba ha trasladado en el grupo de trabajo territorial del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía la necesidad de avanzar en una estrategia más eficaz para prevenir y combatir las agresiones que sufren los y las profesionales en los centros sanitarios de la provincia, valorando positivamente que también se empiece a incorporar acciones y datos de los centros sanitarios privados.
Desde CCOO se ha insistido en que ninguna agresión puede tener justificación alguna, independientemente de las circunstancias que concurran. Al mismo tiempo, el sindicato considera imprescindible que las administraciones profundicen en las causas que están provocando estas situaciones y adopten medidas preventivas, de protección y de concienciación dirigidas tanto a las plantillas como al conjunto de la ciudadanía. Cabe recordar que en la provincia de Córdoba se ha pasado 121 registros de agresiones en 2024 a los 151 en el año 2025
El secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba de CCOO de Córdoba, José Damas, que ha asistido a la reunión del grupo de trabajo en representación del sindicato, ha señalado que “no podemos conformarnos con actuar cuando la agresión ya se ha producido. No es suficiente con contabilizar incidentes o agresiones, sino que tenemos que ser capaces de identificar qué está provocando estas situaciones y poner en marcha medidas preventivas que sean realmente eficaces”.
En este sentido, CCOO ha trasladado su preocupación por que en los informes de algunos centros aparezca como causa de determinadas agresiones la expresión “sin causa aparente” y que se deje ahí el análisis. “Es necesario investigar cada situación y determinar, en la medida de lo posible, qué factores han intervenido, ya sean organizativos, asistenciales, relacionados con los tiempos de espera, la información proporcionada a la ciudadanía, la falta de recursos o cualquier otra circunstancia”, ha remarcado el secretario general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba.
CCOO viene reclamando desde hace tiempo la creación de un Observatorio de Agresiones de ámbito provincial, en el que, además de la Administración y los distintos organismos y colectivos implicados, tengan una participación efectiva los representantes de las personas trabajadoras, especialmente los delegados y delegadas de prevención. “Para el sindicato, la participación de la representación de las plantillas resulta fundamental porque permite incorporar al análisis la experiencia directa de quienes desarrollan diariamente su actividad en los centros sanitarios y conocen de primera mano las situaciones de riesgo que pueden producirse”, apunta Damas.



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