El jurista romano del siglo III  Gneo Domicio Annio Ulpiano, conocido como “Ulpiano”, hizo una definición de la justicia no como misión sino como  administración: «Esa continua y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde». En su ejercicio práctico esa función está atribuida a los tribunales de justicia; se trata de un concepto de justicia material, pero por encima de ese concepto está la verdadera justicia como valor sublime que debe presidir permanentemente ese ejercicio profesional que hoy, está en manos de jueces y magistrados en su mayor parte condicionados por la presión social y más aún de carácter político que es el poder que al fin y al cabo los sitúa en su lugar y les condiciona su proyección profesional.

Joaquín Bosch (magistrado en activo y ex-portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia) en un magnífico libro en colaboración con el periodista Ignacio Escolar, El Secuestro de la Justicia, afirma que en una escalada sin precedentes, las injerencias políticas son muy visibles, se encuentran en la cúpula judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción. Es una evidencia por su trascendencia social y conocimiento generalizado del interés de los partidos políticos en situar a magistrados de sus ideologías al frente de los órganos de gobierno de jueces y tribunales y desde la cúpula controlar el sistema judicial amparando a aquellos jueces que comulguen con sus ideales políticos y separar de la instrucción de determinadas causas penales a aquellos otros que libres de ideales o contrarios a su ideología pudieran hacer uso de su libertad para dictar sentencias justas sobre todo en el terreno de la corrupción.

Esta realidad social, que cada día más va calando en la opinión pública,  genera una desolación por el desamparo real en que se encuentran los ciudadanos tan manida y negada por los representantes de los distintos partidos políticos hoy los de la oposición y ayer los que estuvieron en el poder, y  solo exige de una pregunta para afirmar que las cosas están ocurriendo en un ámbito de irregularidades que por intereses propios son negadas tanto por los que les favorece la situación como por parte de la judicatura: ¿por qué  los grupos políticos parlamentarios son reacios a  la obligada renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y luchan por poner en el sillón del trono a los suyos?

Dice Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato Social, que «porque el fin que persigue todo sistema legislativo es la libertad y la igualdad» y esa exigida igualdad en la aplicación de la ley pondría a los poderosos en el mismo escenario con el resto de ciudadanos y así se verían privados de los privilegios de hacer y deshacer con total impunidad aquello que les resulte favorable a sus intereses políticos, económicos y sociales, a cuyo servicio intelectual se encentra la cúpula del poder judicial

Si como dice la frase bíblica atribuida a Jesús de Nazaret, en el caso de la mujer adúltera, «aquellos de ustedes que estén libres de pecado mortal que tiren la primera piedra». Yo, no estoy exento de culpabilidad por mi contribución a la causa de la mala Administración de Justicia, en la que ingresé el día 19 de enero de 1969 y me retiré en jubilación voluntaria en julio del año 2014. Toda una vida durante la que he tenido suficientes vivencias como para plasmarlas en un largo relato con la seguridad que hoy, ante el desprestigio de la propia judicatura que se lame sus propias heridas, no corro el peligro de decir que la justicia es un cachondeo, «es una vergüenza», pero no hoy, lo ha sido siempre, la diferencia es que antes se guardaba el secreto bajo la amenaza de esos señores togados que se creen tocados por la mano divina, seres vulgares, vengativos, irresponsables y fuera de la realidad social.

Desde el oscurantismo en que secularmente se ha desenvuelto la Administración de Justicia, reviste mucha dificultad el probar las afirmaciones que se hagan, no por ello perderán virtualidad y verdad conocida por gran parte de los colaboradores de la administración de Justicia (Personal funcionarial, abogados, procuradores, criminólogos, forenses, etc) pero la preservación de sus intereses profesionales y materiales les impiden manifestar o contribuir a demostrar las afirmaciones que hacen en ” petit comité”, con lo cual vaya también su parte como responsables por omisión.

Son dignos de reconocimiento público, aunque solo fuere por el pesar que se les ha infligido, algunos jueces que quizás con algo de exceso de celo, han sido expulsados por su osadía marcando diferencia con el resto amancebado, a quienes la historia próxima les dará la razón devolviéndoles su prestigio y su reconocimiento público, aunque dudo que quieran volver a formar parte de este ejército pretoriano que cumple a raja tabla las órdenes o insinuaciones de sus jerarcas.

Les sorprenderá si les digo que celebro lo que está ocurriendo. Como dijo el apóstol Juan «la verdad os hará libres» y en los últimos tiempos gracias al arrojo y valentía de algunos políticos que han accedido al gobierno, esas verdades ocultas están aflorando al conocimiento de los ciudadanos, de los que dogmáticamente se dice que son los manantiales del poder, un poder que les ha sido usurpado precisamente por los obligados a garantizar el derecho individual y colectivo de los ciudadanos soberanos de la desilusión y el desencanto.

Ser juez hoy día no es un honor, ser un buen juez es un riesgo peligroso.