El Ayuntamiento de Pozoblanco comunicaba la semana pasada que había iniciado un procedimiento oficial de recuperación de posesión de bienes patrimoniales municipales, en concreto una tablet y un móvil, que siguen en posesión de Gerardo Arévalo Galán. En una nota de prensa, el Consistorio precisa que «un año y medio después de su cese, los los dispositivos electrónicos no han sido devueltos, a pesar de los requerimientos realizados por los servicios municipales». La contestación del concejal no se hizo esperar para precisar que mantiene los dispositivos porque los mismos contienen «pruebas esenciales» relacionadas con la investigación judicial por el abono de nóminas al hijo de la secretaria particular del alcalde sin que el mismo hubiera ocupado puesto de trabajo alguno en el Ayuntamiento. 

Se trata de un nuevo cruce de declaraciones entre el equipo de gobierno y el que fuera su compañero de filas, pero más allá de esta circunstancia hay algunas cuestiones relevantes para entender toda esta situación. En primer lugar, cabría decir que es el propio Gerardo Arévalo el que advierte al Consistorio que está en posesión de ambos dispositivos y se pone a disposición del Ayuntamiento para su devolución, a la vez que pide que se valoren económicamente para abonar dicha cuantía y no tener que entregarlos. Dicha petición tiene fecha de registro de 21 de marzo de 2024, es decir, el mismo mes en el que fue cesado. Dos meses después, el concejal vuelve a presentar un escrito de la misma índole al no haber obtenido respuesta. 

El primer informe jurídico emitido por la secretaría del Ayuntamiento está fechado en septiembre de 2024, según la documentación a la que ha podido acceder este periódico, y anteriormente únicamente existe un informe del departamento de Informática donde se corrobora los dispositivos dados al inicio de mandato a Arévalo y que el mismo, al igual que el resto de concejales, se comprometía a devolver los mismos una vez llegado el momento, es decir, cuando expire su relación con el Ayuntamiento en su condición de edil del equipo de gobierno. 

Es el mes de septiembre cuando aparece el primer requerimiento de devolución de ambos dispositivos, algo que se repite en el mes de octubre. Ante estos requerimientos, Gerardo Arévalo formula un recurso de reposición alegando, entre otras cuestiones, la falta de contestación del Ayuntamiento a su petición de tasación de los dispositivos lo que incurriría en un acto de desigualdad ya que esa opción se ha dado a otros concejales. Algo que ha podido comprobar este periódico con, al menos, dos ediles con funciones de gobierno que cuando abandonaron sus cargos solicitaron la tasación económica de sus dispositivos para quedarse con los mismos. Este recurso está firmado en octubre de 2024 y el mismo obtiene respuesta el 15 de enero con una desestimación íntegra del mismo. Y, como consecuencia, hay otro requerimiento de devolución de los dispositivos electrónicos.

A todo esto hay que añadir un nuevo movimiento y es que Gerardo Arévalo recurrió la decisión administrativa ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Córdoba, un recurso que fue admitido a trámite el pasado mes de abril. Una situación por la que el edil pide la paralización del proceso administrativo ya que se trata de una situación que, en la actualidad, está judicializada.