El hinojoseño Sebastián Pérez repite como coordinador provincial de IU después de haber conseguido el 98 por ciento de los votos en una formación muy dada al debate. Después de unos meses de inicio de esta nueva etapa, hablamos con el político sobre el futuro político y la actualidad nacional y comarcal.
Pregunta: ¿Cuáles son los retos que se plantea en esta nueva etapa?
Respuesta: Desde Izquierda Unida afrontamos esta etapa con ilusión y con fuerza. Evidentemente, ante un contexto político y social complicado, no vamos a olvidar que el avance de las fuerzas reaccionarias, de los discursos derechistas, del odio, está impregnando a la sociedad. Todo eso, sumado a un proyecto neoliberal que tiene en Andalucía un especial protagonismo —y que se nota en la provincia de Córdoba, en cada uno de nuestros pueblos—, conlleva procesos de desmantelamiento de los servicios públicos. Estamos hablando de cómo la sanidad, la educación y la dependencia están siendo absolutamente destrozadas para alimentar el sector privado. Por lo tanto, Izquierda Unida es una fuerza que se sitúa claramente frente a esos discursos de odio y reaccionarios, y claramente en defensa de los servicios públicos.
En la provincia de Córdoba tenemos una apuesta clara por una industria pública que genere capacidad económica y empleo, porque, obviamente, la provincia sufre un grave problema de despoblamiento y pérdida de población. Por lo tanto, tenemos que afrontar esos retos, e Izquierda Unida quiere poner medidas concretas a problemas globales.
P: Salió reelegido con un 98 por ciento de los votos en una formación muy dada al debate.
R: Bueno, creo que en Izquierda Unida, y en la izquierda en general, somos gente de mucho debate. Llegar a un 98 por ciento muestra que hemos tenido muchos debates, pero que, al final, en estos momentos nos hemos cohesionado ante una situación de contexto global complicado. Creo que la militancia de Izquierda Unida ha entendido la dificultad del momento y que la cohesión es clave. Ese 98 por ciento representa a la mayoría de la provincia, a su diversidad territorial, y refleja la comprensión de un momento político en el que es indudable la fortaleza de Izquierda Unida como una izquierda organizada, implantada en el territorio, con militancia y con un proyecto ideológico que viene de mucho tiempo atrás, pero que queremos construir también para el futuro. Por lo tanto, creo que es una buena señal, y que estamos en un tiempo en el que la militancia ha entendido que la coherencia en un proyecto único, unitario y fuerte es fundamental.
P: En sus entrevistas incide en que IU es la alternativa, pero el contexto político dice otra cosa.
R: Cuando decimos que Izquierda Unida es la única alternativa a la política de derechas, no es un mensaje vacío, es un mensaje con contenido. Somos la única fuerza política con implantación real en el territorio, con militancia, con concejales y concejalas —ni más ni menos que 128 en toda la provincia—, y con capacidad real de ser alternativa a las políticas reaccionarias y a la derecha. Digo esto porque todos y todas sabéis que el PSOE, en muchos momentos, es tibio: abraza las políticas neoliberales y las privatizaciones. Los únicos que estamos enfrente de ese modelo del Partido Popular y Vox —un modelo radicalmente diferente al nuestro— somos nosotros y nosotras. Defendemos, en primer lugar, un sistema económico más justo, basado en la redistribución de la riqueza. Han salido datos terribles sobre cómo la concentración de la propiedad de los bienes inmuebles y de la tierra está cada vez en menos manos. Nosotros y nosotras somos los únicos que planteamos un modelo económico más justo: con impuestos pagados por los grandes capitales, con generación de empleo de calidad, y con una apuesta real por la inversión pública, porque defendemos lo público tanto en los servicios como en la industria. Por lo tanto, cuando decimos que somos la única alternativa, lo decimos con base en los datos. Y hay un segundo elemento: nuestro modelo político e ideológico es realmente la alternativa, la antítesis al modelo de la derecha, del Partido Popular y de Vox, frente a un PSOE que muchas veces se posiciona a un lado o al otro sin claridad. Nosotros y nosotras somos la única fuerza real frente a todas esas posiciones.
P: ¿Cómo ha vivido, desde su posición de coordinador provincial la situación de corrupción que ha salpicado al Gobierno central del que IU forma parte?
R: Desde Izquierda Unida siempre hemos mantenido una posición tajante contra la corrupción. Una corrupción que, hay que decirlo, es en muchos casos endémica de un sistema que proviene del régimen del 78, el cual fue, en muchos momentos, un cambalache entre ciertos poderes económicos y ciertos poderes políticos, y que, en determinados momentos, sale a la luz. Desde Izquierda Unida —y nos alegramos de ello— hemos planteado medidas radicales para frenar ese tipo de prácticas, tanto de los corruptos como de los corruptores. Porque hay que decirlo: detrás de cada corrupto, hay un corruptor. Y esos corruptores son grandes empresas, grandes compañías que buscan favorecer sus intereses privados por encima del interés general. Hemos presentado numerosas propuestas. El presidente del Gobierno las ha aceptado tras esta situación, y, evidentemente, vamos a seguir combatiendo la corrupción y trabajando con firmeza. Para nosotros, cualquier caso de corrupción es absolutamente inaceptable y merece nuestro más rotundo rechazo.
P: ¿Por qué no se castiga nunca a las empresas?
R: Habría que preguntárselo al PSOE y al PP, pero, evidentemente, esto responde a una cuestión muy clara: detrás están los grandes poderes económicos. El PSOE, el Partido Popular y, en este caso, también Vox, en muchos momentos se mueven al arbitrio de esos poderes económicos. Nosotros, en cambio, no tenemos ese problema porque somos una fuerza que defiende a la clase trabajadora, a la gente normal y corriente, frente a los grandes intereses empresariales. Esto también se ve, por ejemplo, en los numerosos casos de financiación irregular que han afectado al Partido Popular, a Vox o al PSOE, a través de grandes compañías que los han financiado. No lo digo yo: ahí están los datos. Está el caso Filesa, la Gürtel o, más recientemente, el caso de Viktor Orbán y el banco húngaro que ha transferido millones de euros a Vox. Esa es, evidentemente, la respuesta. Y frente a todo eso, estamos nosotros: los que defendemos a la gente común frente a las grandes empresas.
P: Si al final esto deriva en una financiación irregular del PSOE, ¿sería una línea que haría caer al gobierno?
R: Bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona esta situación. Evidentemente, nosotros vamos a ser tajantes, pero, a día de hoy, todo indica que se trata de la intervención de dos o tres personas y no de un caso estructural, como sí ha ocurrido en otras ocasiones, como el caso Filesa en el PSOE, la Gürtel en el Partido Popular, o tantos otros. Por lo tanto, en eso estamos: vamos a ser tajantes contra la corrupción, y lo vamos a ser caiga quien caiga.
P: Hablaba antes de los servicios públicos. Hace unos días celebrábamos el cuarenta aniversario del Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, un centro sanitario que últimamente ve mermada su capacidad por la falta de profesionales. La respuesta es siempre la misma, aquí no quiere venir nadie. ¿Nos podemos conformar la ciudadanía con esa respuesta? ¿Qué puede o tienen que hacer las administraciones?
R: Detrás de todo esto, y creo que hay que decirlo con claridad, lo que existe es un plan preparado y planificado para el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública. Ese es el objetivo en el que está trabajando el Gobierno andaluz del Partido Popular. El argumento de que “aquí no quieren venir profesionales” no es real. ¿Tampoco quieren ir a Córdoba, a Málaga o a Almería? Lo que está ocurriendo es, ni más ni menos, que el Partido Popular destina partidas mínimas a la sanidad pública, y nuestros profesionales sanitarios se ven obligados a marcharse fuera en busca de mejores contratos. Y hay otro elemento clave: ¿cómo puede ser que no haya profesionales sanitarios para la sanidad pública, pero sí los haya para las compañías privadas? ¿Por qué los hospitales privados no se quejan de falta de personal? Porque es falso. Y esto es posible gracias a las transferencias millonarias que el Gobierno andaluz está realizando a las empresas privadas. Mientras ese dinero no va a la sanidad pública, sí va a alimentar el negocio de la sanidad privada. Por lo tanto, lo que hay detrás de todo esto es una concepción ideológica: la sanidad no como un derecho, sino como un negocio. Y en eso están.
P: Para usted en la política, ¿la lealtad tiene que ser con el partido o con el ciudadano? ¿O es compatible?
R: Claro, es una falsa dicotomía. Bajo nuestro punto de vista —y también desde el mío personal—, cuando uno cree en un modelo de sociedad justo, como el que defendemos, basado en la redistribución de la riqueza, en un sistema igualitario, donde la gente tenga derechos y donde, entre todos y todas, salgamos adelante de forma colectiva, lo verdaderamente leal es defender los principios políticos que representa mi organización. Porque, al hacerlo, estoy defendiendo también los principios de la ciudadanía. Otra cuestión son aquellos que defienden lo contrario. Porque —y esto sí lo quiero decir con claridad— es muy difícil defender a la ciudadanía mientras tus principios ideológicos se basan en el “sálvese quien pueda”. En ese caso, tienes que mentir, porque si dijeras abiertamente lo que piensas, sabes que no contarías con el apoyo de nadie. Y, efectivamente, hay otras organizaciones y proyectos ideológicos que se basan en eso: en el individualismo extremo, en el abandono de lo colectivo.
P: Le preguntaba esto porque aquí la agenda política viene marcada por las reclamaciones. Nos situamos en la comarca de Los Pedroches, hablamos de carreteras cuando el que gobierna en la Administración competente es del partido contrario, lo mismo con la educación o la sanidad. Y eso crea, al menos es mi sensación, un desinterés hacia la política, algo que se supone que tiene que cambiar la vida de la ciudadanía a mejor y no la de las personas que se dedican a ella.
R: Lo comparto, por supuesto, pero es una cuestión muy simple: mientras el PSOE y el PP se lanzan acusaciones mutuas sobre unas obras que no ejecutan —por ejemplo, en relación con las carreteras—, la realidad es que la gente sigue falleciendo en esas mismas carreteras. Desde Izquierda Unida hemos planteado, en más de una ocasión, una propuesta seria. No para lanzarse reproches entre partidos, sino para atajar de verdad el problema. Nuestra propuesta incluye estudiar los tramos donde se puedan eliminar los puntos negros y actuar con responsabilidad. Pero, evidentemente, todo esto lo están utilizando políticamente. Y con la sanidad ocurre algo similar. Hoy el Partido Popular está privatizando en masa, y eso hay que decirlo claramente: es parte de su proyecto ideológico, privatizar la sanidad pública. Pero no olvidemos que quien inició esos procesos de privatización fue el PSOE, con Susana Díaz y su pacto con Ciudadanos, por poner solo un ejemplo. Por lo tanto, el verdadero problema que tienen estas organizaciones es que no pueden decir abiertamente lo que piensan.
P: Hay otro tema que afecta a la comarca y viene afectando desde hace unos años, que es el tema del agua. ¿Qué piensa de todo esto?
R: Fuimos los primeros en denunciar la situación que estaba ocurriendo con el tema del agua: la contaminación. A día de hoy, no se ha realizado ni una sola actuación efectiva contra este problema. El presidente de la Diputación parece creer que esto es una piscina, y lo único que ha planteado es comprar unas pastillas para eliminar las algas, como si se tratara de una invasión alienígena. Las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba solo vienen a confirmar algo: tenían un proyecto alejado de la realidad. Pretendían duplicar una conexión que ya funciona, con una adjudicación ya realizada a una empresa por más de nueve millones de euros. Ahora, ante la evidencia de que ese proyecto es insostenible, han dado marcha atrás. Pero el problema es que ya hicieron esa adjudicación, y además con los permisos en contra. ¿Entonces, por qué esos nueve millones de euros no se invierten en combatir la contaminación? ¿Cómo puede ser que aquí tengamos dos embalses —Sierra Boyero y La Colada— llenos de agua, y uno de ellos no se pueda utilizar debido a la contaminación permitida? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? El Gobierno andaluz no sabe qué hacer para evitar actuar contra la contaminación.
P: En esa misma entrevista, el delegado del Gobierno decía que el sector ganadero ha hecho sus deberes en materia de residuos. ¿Está de acuerdo?
R: Habría que preguntarse por qué las aguas de La Colada están contaminadas hoy. Si todo estuviera en orden, ¿por qué habría contaminación? ¿Cómo se ha contaminado? Obviamente, el Partido Popular se equivoca y daña nuestra tierra al negar esta problemática. Creo que en política hay que ser serios y responsables, y actuar reconociendo los problemas, porque si no se actúa, se generan más problemas. ¿Puede la comarca de Los Pedroches tener futuro sabiendo que enfrenta un grave problema de contaminación de las aguas? La Comisión Europea reconoce que esta comarca tiene un problema serio de contaminación, y eso puede convertirse en un lastre para su desarrollo económico y social. Tenemos una tierra que defendemos por su riqueza natural, paisajística y alimentaria, y por eso hay que actuar de forma rápida e integral para garantizar el futuro. Negar el problema solo lo alarga y lo complica.
P: Hablaba antes de la importancia del sector ganadero en la comarca lo que conduce también a la mano de obra extranjera. Estos días hemos mirado a Torre Pacheco con una situación compleja y alarmante, ¿qué lectura hace de lo ocurrido?
R: Estas son las consecuencias del discurso del odio que se viene promoviendo desde hace mucho tiempo por parte de las organizaciones de extrema derecha y de sectores reaccionarios. Y no solo ocurre aquí; por desgracia, se está produciendo en toda España. Si uno estudia un espacio concreto, como Torre Pacheco, puede analizar cómo los votos a la extrema derecha están entre los más altos del país, con los mayores porcentajes. Es una tierra que no se podría explicar sin la población migrante, porque son los trabajadores y trabajadoras que hacen que ese trabajo salga adelante. El anuncio que hizo Vox hace unos días, en el que decía que quería deportar a 8 millones de personas, es mentira. Pero lo que sí hacen es señalar a ciertos ciudadanos para, después, quitarles derechos. Porque lo que quieren son esclavos. No les importa ni van a deportar a esa gente, porque al gran empresariado no le interesa; necesita esa mano de obra. Lo que sí le interesa es que no tengan derechos, que los puedan explotar, que los puedan esclavizar. Y se empieza por los migrantes, porque son la parte más débil de la sociedad, las personas que tienen más dificultades en una sociedad como esta. Pero no se queda ahí, porque también se señala, en muchos momentos, a las mujeres, a los colectivos LGTBI, a los sindicalistas que solo pretenden tener derechos laborales, o a las organizaciones de izquierdas que defendemos un modelo de justicia social y un sistema de redistribución. Porque lo que pretenden no es ni más ni menos que quitar derechos. Y quitando derechos generan ciudadanos y ciudadanas de segunda o tercera categoría, o incluso que ni siquiera sean considerados ciudadanos, para poder esclavizar sin ningún tipo de problema.
Eso es lo que nos estamos jugando. Todo esto tiene visos —si uno mira hacia el pasado— de convertirse en un problema mayor, porque uno no sabe dónde empieza, pero, sobre todo, no sabe dónde termina.
P: Probablemente es una mirada muy simplista, pero ahí está. Me refiero al tema de que los inmigrantes están quitando el trabajo a los españoles. Luego llegan las campañas del campo, en nuestra comarca por ejemplo, y se pide mano de obra extranjera.
R: ¿Habéis visto algún comunicado por parte de la patronal española valorando las palabras de Vox sobre deportar a 8 millones de inmigrantes? No. No han dicho nada porque, en el fondo, no están en desacuerdo. Lo que sí comparten es la idea de señalar y criminalizar a esa gente en muchos momentos, para que puedan ser mano de obra barata. Los niveles de explotación que sufre la población inmigrante son evidentes, y no nos vamos a engañar. En muchos casos, ocupan profesiones económicamente devaluadas, con pocos derechos y maltratados, al igual que los españoles sufrimos cuando emigramos fuera.
Quiero contar una anécdota. En plena pandemia, cuando se cerraron todas las fronteras —no solo las nacionales, sino también entre municipios, comarcas y provincias—, recibimos una petición de la patronal del campo de la provincia de Córdoba para que se abriera la frontera y pudiera venir población migrante. Nosotros respondimos que en ese momento había mucha gente en paro local y que se contratara a trabajadores de aquí, pero nos dijeron que no. ¿Sabes por qué? Porque lo que querían era población migrante para explotar, ya que sabían que con trabajadores locales les resultaría más difícil explotarlos, pagarles menos y mantenerlos en malas condiciones.
P: ¿Le preocupa cómo este mensaje está calando entre la gente más joven?
R: Sí, obviamente. No vamos a negar que hay un discurso reaccionario que está impregnando a la sociedad más joven con un mensaje de “sálvese quien pueda”, un discurso individualista, promovido por youtubers e influencers alejados de las posiciones reales, sin entender que la única manera de salir adelante es de forma colectiva. Sin escuelas, sin hospitales, sin carreteras, sin solidaridad entre todos y todas, no es posible construir una sociedad. Lo poco bueno que tenemos hoy lo hemos conseguido colectivamente, gracias a mucha gente que ha luchado. La sociedad del “sálvese quien pueda” la construyen aquellos poderosos que quieren una sociedad desigual, esclavizada y jerarquizada por unos pocos. Eso es preocupante y creemos que hay que cambiarlo. Pero para hacerlo, hay que ir a la raíz del problema, y esa raíz está en la escala de valores. También hay que decirlo: llevamos muchos años bajo un sistema económico que ha impregnado a la sociedad con una falsa cultura del esfuerzo, una cultura que siempre defienden quienes son poderosos o hijos e hijas de estos, basada en valores individualistas y antisolidarios que son irreales. El desarrollo humano no se basa en la competitividad, sino en la cooperación.
P: Hablaba de influencers, yo le hablo de medios de comunicación, de periodista. ¿Qué opina de prohibir a algunos periodistas la credencial, por ejemplo, para entrar al Congreso? Los llamo periodistas porque algunos tengan el título, no porque entienda la profesión como se ejerce desde diferentes ámbitos.
R: Yo creo que la línea es muy simple: uno puede, desde una línea editorial, defender las posiciones que quiera. Lo que no puede ser es un acosador. Ser un acosador y ser periodista son cosas diferentes. Lo que estamos viendo últimamente son acosos y persecuciones por las calles; además, no hay preguntas, sino que se pone el micrófono delante de la boca de la persona sin parar de acusarla y de decir barbaridades. Eso no es una entrevista ni un espacio de reflexión. Una cosa es la línea ideológica y editorial de un medio, que es absolutamente respetable, pero el acoso y la persecución no pueden ser legitimados, y menos en una institución democrática.
P: La política como acción para cambiar la vida de las personas y el periodismo como control de esa acción. ¿Qué ha pasado para que ambas profesiones o trabajos creen tanta desconfianza? ¿Qué hemos hecho mal para que la gente deje de confiar en dos ámbitos que hasta hace relativamente poco considerábamos esenciales?
R: Nosotros reivindicamos la política; yo reivindico la política. La política es la herramienta de la gente normal para cambiar y ordenar la sociedad en función de sus intereses. Si nosotros, la gente normal y corriente, la clase trabajadora, no hacemos política, otros la harán por nosotros, y lo harán en base a sus propios intereses. Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales de la gente común es participar en la política. El papel de los medios de comunicación, obviamente, es fiscalizar, formar la opinión pública, investigar, saber y dar a conocer. Habría que estudiar quién financia en este país a la prensa y a los medios de comunicación, porque si están todos al servicio de grandes poderes económicos, como ocurre muchas veces, el papel de los periodistas no puede estar al servicio del interés público, sino del interés privado. Creo que sería necesario intervenir para garantizar que existan medios públicos, medios privados y medios cooperativos, pero asegurando siempre la independencia y la neutralidad. La independencia y la neutralidad no significan no tener línea ideológica, sino que cada uno pueda expresar lo que cree, sin faltar al respeto, sin discurso de odio y dentro de los márgenes democráticos.
P: Volvamos de nuevo a la comarca, concretamente a Hinojosa del Duque. Allí ha habido cambio del concejal de Izquierda Unida con el relevo entre Juan Felipe Reyes y Santiago Jesús Aranda. ¿Cómo ha sido ese cambio?
R: Somos gente valiente. Me siento muy orgulloso porque creo que hemos tenido un relevo muy bien hecho, de forma muy natural y entendiendo los tiempos. Estoy agradecido a nuestro compañero Juan Felipe, que durante diez años ha sido la voz de IU en el Ayuntamiento, pero entendíamos que llegaban nuevos tiempos y que había que dar un paso. Ahí se incorporó otro compañero, Santiago Jesús Aranda. La organización en su conjunto lo ha hecho muy bien, los dos compañeros lo han hecho muy bien y la ciudadanía lo ha cogido muy bien. Me siento muy orgullo de un periodo de transición que ha sido ejemplar, ojalá todo el mundo pudiera decir esto.
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