• La demanda ha sido admitida a trámite y el juicio tendrá lugar el 30 de enero 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha demandado al Ayuntamiento de Pozoblanco por «vulnerar el derecho de libertad sindical» por no facilitar documentación requerida por el sindicato. La demanda ha sido admitida a trámite por el juzgado número 3 de Córdoba y ambas partes se verán las caras el próximo 30 de enero para la celebración del juicio en la capital cordobesa. 

La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge una serie de información requerida y que no habría sido facilitada. Esa información hace mención a las cantidades abonadas en concepto de productividad,  el listado de servicios extraordinarios, o a notificación de los acuerdos que afectan a las condiciones laborales y sociales del personal funcionario, entre otras cuestiones. 

En su demanda, el sindicato adjunta las «reiteradas» peticiones de información que datan de los años 2022 y 2023. CSIF hace hincapié en la «vulneración del derecho de libertad sindical» que se está realizando al no facilitar esa información y pide al juzgado la admisión a trámite de la demanda, la entrega de toda la documentación requerida y una indemnización de 3.750 euros como «consecuencia de los daños y perjuicios por violación del derecho de libertad sindical». 

• Además, le acusa de vender humo en relación al proyecto del polígono industrial 

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Miguel Calero, ofreció en la tarde de ayer jueves una rueda de prensa en la que abordó dos cuestiones de la actualidad política pozoalbense, la demanda al propio Consistorio y al alcalde, Santiago Cabello, por supuesto acoso laboral y el proyecto del polígono industrial. Respecto a la demanda, Calero aseguró que tanto el Ayuntamiento como el primer edil «eran conocedores de esta situación» llegando a propiciarla y adelantó que si la sentencia es favorable para el funcionario «pediremos la dimisión de Santiago Cabello y que afronte la indemnización con su patrimonio personal». En la segunda cuestión, la del polígono industrial, el portavoz de IU acusó a Cabello de «vender humo» y explicó el proceso en el que proyecto se encuentra. 

Antes de adentrarse en ese proyecto, Miguel Calero hizo un recorrido por la situación que llevó a un funcionario a demandar al Ayuntamiento y al alcalde porque «no es una cuestión nueva, se viene arrastrando desde hace muchos años aunque los episodios más duros surgen a partir de 2018″. En este sentido, el portavoz de IU calificó de «calvario» lo vivido por el funcionario porque «le quitaron todas las herramientas para poder realizar su trabajo lo que le provoca una situación de tensión y ansiedad psicológica que se traduce en una baja laboral». Posteriormente, continuó el relato Calero, llegaron los diferentes desplazamientos a lugares como el almacén de los eléctricos o el Centro de Estacionamiento de Vehículos Pesados donde «no hay actividad» lo que derivó en otra situación de baja. 

Este relato le llevó a Calero a afirmar que «el Ayuntamiento y el alcalde eran conocedores de esa situación, no solo conocedores, sino que la propiciaron» explicando que «la delegada de Personal hace una propuesta donde se muestra a favor para que dicho funcionario vuelva al área de seguridad del Ayuntamiento». Un informe que llega ya que el denunciante es Policía en segunda actividad, sin embargo la propuesta fue «rechazada por el alcalde». El portavoz de IU incidió en que «denuncié públicamente en pleno esta situación y al finalizar una reunión el 20 de abril de 2022 el alcalde  me propone hablar con este trabajador para solucionar el problema». Según Calero, el funcionario le autorizó a negociar en su nombre pero cuando volvió a pedir una reunión con el primer edil para tratar este tema «ni le interesa ni quiere acordarse de lo que me dijo, ni me escuchó, ni m recibió y hasta hoy». 

Este relato lleva a una demanda cuya vista oral se celebró el pasado 17 de enero apuntando el concejal de la formación de izquierdas que «unos minutos antes de esa vista el abogado del alcalde le propone al funcionario que si retira la demanda se le asigna un puesto digno en el Ayuntamiento». «Estas son las formas de actuar que tiene nuestro alcalde», apuntó Calero que finalizó este tema asegurando que «si el alcalde llega a ser condenado desde IU pediríamos públicamente su dimisión y reclamaríamos que la indemnización la pague con su patrimonio personal porque no estamos ante una situación que se desconociera». 

Polígono industrial

Por otro lado, Miguel Calero abordó el proyecto del polígono industrial apuntando que «se vende a la opinión pública de tal modo que parece que se están realizando las obras de urbanización y nada más lejos de la realidad, se trata de una licitación para que un estudio de arquitectura haga un proyecto». Además, explicó que «la reparcelación afecta a una única unidad de 246.000 metros cuadrados de los que quedan 156.000 metros cuadrados netos  de los que 56.000 se quedan en reserva para Covap porque la industria ya ha manifestado en varias ocasiones su necesidad de reserva de suelo ante posibles ampliaciones. Si algún día se realiza la urbanización habría 100.000 metros cuadrados de suelo útil, no los 580.000 metros cuadrados que está vendiendo porque eso corresponde a tres unidades de ejecución«. 

Por último, el portavoz hizo un recorrido por un proyecto cuyo plan parcial de urbanización se aprobó en abril de 2018 y «el plan de reparcelación no se lleva a cabo hasta finales de 2020 con una subvención de Diputación, algo que también se le olvida decir». «Cuando tienes el estudio de reparcelación el siguiente paso es iniciar la redacción del proyecto y lo saca unos meses antes de las elecciones para confundir a la opinión pública porque no vende nada más que humo como hace cuatro años vendió el cronograma de la residencia», sentenció. 

La Audiencia Provincial de Córdoba, en auto emitido el pasado 25 de septiembre, ha ratificado el sobreseimiento y archivo acordado en el mes de mayo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco en referencia a la demanda presentada contra el que fuera alcalde de El Guijo, Eloy Aperador, por supuestas irregularidades en cobros de dietas y tramitación de expedientes. La denuncia fue presentada por el actual equipo de gobierno del Consistorio guijeño en septiembre de 2016 y ahora ha quedado definitivamente archivada, según fuentes consultadas por este periódico.

El auto emitido por la Audiencia Provincial descarta cualquier tipología penal en las acciones imputadas que e referían al cobro de dietas, a la contratación de las obras de la Casa del Cura -en la actualidad Casa de la Cultura; así como en otros trámites administrativos. La justicia también exonera al ex alcalde de cualquier tipo de iregularidad relativa a la contratación de una secretaria que ya en su día consiguió que su despido fuera declarado improcedente por el Juzgado de lo Social que condenó al Ayuntamiento a la readmisión o indemnización.

Hay que recordar que el actual equipo de gobierno comunicó la presentación de la demanda en cuestión destacando que se debía a unas presuntas irregularidades en el cobro de dietas y expedientes sin justificar. En dicho comunicado se insistía en que Aperador recibía por esas dietas “una cantidad fija que variaba en pocas ocasiones”, por lo que entendían que “tenía una apariencia de sueldo encubierto». Otras de las irregularidades reflejadas en la denuncia era la ausencia de expediente de contratación en obras públicas ejecutadas por el Ayuntamiento en el período de tiempo en el que fue alcalde Aperador, concretamente en la obra de la Casa del Cura, cuyo coste ascendió a 48.867,68 euros “sin existir ni un solo documento que haga referencia al expediente de contratación».

Ahora y dos años después la justicia ha dado la razón al que fuera alcalde de El Guijo desde junio de 1991 a junio de 2015.