El juez del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ya ha emitido sentencia sobre la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de Pozoblanco por el joven que cobró sin trabajar. El demandante entendía que se habían vulnerado derechos fundamentales y de ahí que interpusiera la demanda contra el Consistorio por la vía de lo social. La sentencia, sin embargo, falla a favor del Ayuntamiento indicando que no cabe esa vulneración de derechos puesto que no existió relación laboral alguna entre ambas partes. 

Así se especifica en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico y donde el magistrado aclara que desestima la demanda formulada por el joven contra el Ayuntamiento «por falta de competencia jurisdiccional al no haber existido relación laboral entre las partes» por lo que absuelve a la Administración, que no tendrá que abonar las cantidades pretendidas por el demandante. 

La sentencia especifica que en el expediente no aparece el consentimiento para la firma del contrato, ni tan siquiera el decreto de nombramiento y puntualiza que «el trabajador no reclama en esta demanda la formalización de la relación laboral, no impugna el nombramiento de la otra candidata, sino que da por hecho la existencia de una relación laboral y solicita el cumplimiento de una serie de obligaciones y derechos derivada de la misma. Y continúa especificando que a esa conclusión se lleva por dos hechos: la falta de firma de contrato por escrito y la falta de prestación de servicios. 

El juez prosigue indicando que ni el alta en la Seguridad Social, ni la expedición de nóminas ni el abono de retribuciones «impiden alcanzar» la conclusión de que no ha habido relación contractual. Por todo ello, el juez estipula que el daño denunciado no procede de una relación laboral y, por tanto, cualquier reclamación a este respecto es ajena a dicha jurisdicción, por lo que procede a desestimar la demanda. Hay que recordar que el joven solicitaba una reclamación de algo más de 8.700 euros. 

El magistrado hace referencia a otros posibles procesos reflejando «la especial prudencia» que tiene este caso, que puede tener ramificaciones en otras jurisdicciones y que obliga a no valorar cuestiones para las que «no soy competente». Además, antes de emitir el fallo especifica que el demandante podría acudir a la vía contencioso-administrativa y recalca que «todo ello sin perjuicio del recorrido que pudiera tener la denuncia penal interpuesta ante la fiscalía». 

La vista oral del caso tuvo lugar el pasado 8 de julio en la Ciudad de la Justicia de Córdoba y el magistrado ya indicó que al no existir esa relación el Juzgado de lo Social no era la jurisdicción ante la que se tenía que elevar este caso. No obstante, ante la sentencia cabe recurso de suplicación. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, Rosario Rossi, tras la denuncia interpuesta por Vox contra ella por un supuesto delito de odio por una fotografía difundida en una red social y en la que aparecía una pintada contra la formación política de ultraderecha, según ha adelantado Europa Press y ha podido comprobar este periódico. 

Así, en el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso hoyaldia.com, se expone que «los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal». 

En dicho informe, se especifica efectivamente que no es posible identificar la identidad del perfil de la red social ya que es una aplicación y red social de «origen estadounidense, propiedad de Facebook que no remite datos de sus asociados debido a la distinta regulación legal sobre la libertad de expresión en EE.UU». 

Sin embargo, en el informe del fiscal también se especifica que «han de tenerse en cuenta para fijar el grado de protección constitucional del mensaje, entre otras circunstancias, el carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión y especialmente si son titulares de cargos públicos ya que como consecuencia de la función que cumplen las libertades de expresión y de información en un sistema democrático sus titulares han de soportar las críticas o revelaciones aunque sean «especialmente hirientes».

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de 3 días desde su notificación y tras el que podría interponerse recurso de apelación. 

Antecedentes

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre cuando la formación política presentó una denuncia en los juzgados de Pozoblanco contra la edil socialista por un presunto delito de odio. La denuncia venía motivada por la aparición de la portavoz socialista en el Ayuntamiento pozoalbense en una fotografía subida a una red social delante de una pintada donde puede leerse «Vox=Nazis de mierda».

El próximo 16 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba se celebrará el juicio contra un ciudadano de Pozoblanco, C.M.D., imputado por un presunto delito continuado de apropiación indebida según el artículo 253.1 del Código Penal. Tras la apertura del juicio oral por auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pozoblanco, el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden una pena para el acusado de veintidós meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, también se pide una indemnización a la Asociación Acuide en la cantidad de 5.794,40 euros, cifra a la que asciende la tasación judicial de los efectos sustraídos.

En el citado auto judicial, al que ha tenido acceso hoyaldia.com, se detallan los antecedentes del caso relatando que con fecha 23 de diciembre de 2015 el acusado en representación de la asociación Acuide, aunque ya no pertenecía a la misma ni ejercía como voluntario en el comedor social que gestiona dicho colectivo, se personó en las instalaciones de una empresa de la localidad para la recogida de una aportación que ésta donó para su entrega al comedor social a beneficio de las familias usuarias del mismo. Esta acción se repitió el 31 de diciembre de 2015 sin que los productos donados, que fueron recogidos de nuevo por el acusado y sin comunicación expresa a ACUIDE de tal donación, llegaran a su destino final.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, cuando los responsables de Acuide fueron conocedores de este hecho lo pusieron en conocimiento del Juzgado de Pozoblanco, que incoando las correspondientes diligencias previas y tras la instrucción de las mismas, dictó apertura del juicio oral formulando procesamiento contra este ciudadano pozoalbense por un delito continuado de apropiación indebida.

Este proceso judicial viene a cerrar un capítulo de especulaciones que se han ido vertiendo sobre la gestión y dirección del comedor social que Acuide puso en funcionamiento en octubre de 2013.

Movimiento hoy en el Juzgado de Pozoblanco con las declaraciones de los tres representantes sindicales de la Policía Local que han declarado ante la jueza ratificando la denuncia que interpusieron contra el ex alcalde del municipio, Pablo Carrillo, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación. De momento, y según las fuentes consultadas, el primer edil no habría sido llamado a declarar.

La denuncia se interpuso el pasado mes de marzo aunque no fue hasta el mes de junio cuando fue admitida a trámite. Después de estar algo más de hora y media en el interior del juzgado, los representantes sindicales de la Policía han indicado que «hemos ratificado la denuncia que interpusimos por un presunto delito de malversación de fondos públicos al estar permitiendo que se paguen una serie de conceptos a funcionarios que no se dan». Además, también han incidido en lo que para ellos es un supuesto delito de prevaricación al «no tramitar expedientes de tráfico y la extracción de puntos que acarreaban esas denuncias».

«Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2015, se han producido durante el periodo en el que fue alcalde Pablo Carrillo», han apuntado para matizar que las denuncias no tramitadas se refieren tan solo a aspectos de tráfico aunque han avisado que «en el momento que no se tramiten expedientes se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial». Con el proceso de instrucción en marcha, los miembros de la Policía esperan «al juicio que será por lo penal en Córdoba».

En su día, Pablo Carrillo declaró a este periódico que él había tramitado todos los expedientes que le habían llegado en el periodo en el que fue alcalde de Pozoblanco.

Situación con el actual equipo de gobierno

Por otro lado y aprovechando el momento, también han sido interpelados por los periodistas por la situación actual de las negociaciones con el equipo de gobierno confirmando que «aún no han empezado» y que darán comienzo mañana jueves. Con todo, han tendido puentes para el entendimiento afirmando que «vemos predisposición y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que el conflicto esté resuelto antes de final de año».

Respecto a los supuestos cambios que habrá en el departamento -avanzados por el primer edil en la entrevista que hoy publica este periódico-, se ha anotado que «creemos que es una reestructuración en todo el Ayuntamiento no sólo en la Policía».