El Ayuntamiento de Pozoblanco ha sido condenado por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba al pago de una compensación económica de 158.826,64 euros a la empresa Monsecor S.L. Una circunstancia de la que ha informado el PSOE de la localidad a través de una nota de prensa en la que lamenta que «una mala gestión» del equipo de gobierno vaya a repercutir en las arcas municipales. 

El proceso judicial se inició tras la demanda presentada por la citada empresa en reclamación de una indemnización por la prórroga forzosa del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales. La cuantía solicitada ascendía a 171.297,77 euros, pero el fallo del juez estima parcialmente el recurso eliminando de esa compensación económica la parte correspondiente al beneficio industrial solicitado por la empresa por lo que la cuantía a pagar por el Ayuntamiento de Pozoblanco se establece en 158.826,64 euros, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. 

Para entender este proceso judicial hay que retrotraerse hasta el año 2016 cuando el Consistorio pozoalbense aprobó la adjudicación de los contratos de limpieza viaria, de mantenimiento de jardines y de limpieza de edificios municipales, siendo este último contrato el que se adjudicó a la empresa Monsecor. En este contexto, el 5 de junio de 2024 la empresa reclama una cuantía en concepto de indemnización por los servicios prestados desde el 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2023 como consecuencia de la prórroga forzosa del contrato que había sido suscrito entre ambas partes en septiembre de 2016. 

En el relato de los hechos, la sentencia recoge la existencia de un «desconocido» acuerdo de rescisión del contrato que fue adoptado por la Junta de Gobierno local en sesión ordinaria del 26 de enero de 2017, en el que a su vez se ordenaba la continuación forzosa del servicio hasta que se formalizase una nueva adjudicación. Sin embargo, se hace hincapié en que ese acuerdo no fue notificado a la empresa y que el Ayuntamiento actuó en todo momento como si el contrato estuviera vigente «al desestimar en pleno -30 de octubre de 2018- la resolución de mutuo acuerdo solicitada por la contratista».

Posteriormente, la empresa habría comunicado su oposición a prorrogar el contrato más allá de la fecha de finalización prevista para septiembre de 2020, algo que aceptó el pleno pero imponiendo la continuidad de la prestación durante el tiempo mínimo indispensable hasta una nueva adjudicación del servicio. Esa circunstancia ocurrió el 1 de diciembre de 2023, es decir, siete años después de la firma del contrato y más de tres años después de que la empresa se opusiera a cualquier prórroga. Una situación que la empresa entiende que «excede del mínimo indispensable» y de ahí la solicitud de la indemnización.

La postura del Ayuntamiento en el proceso

Para establecer la indemnización, la empresa tiene en cuenta las pérdidas sufridas por mantener el servicio por el incremento del coste de prestación, fundamentalmente, por el aumento de los gastos de personal que se derivan de los diferentes convenios colectivos y las subidas del salario mínimo interprofesional que se han ido sucediendo en los últimos años. Frente a esta posición de la empresa, el Ayuntamiento entiende que no cabe esa indemnización porque la prolongación excepcional del tiempo de prestación del contrato se ajusta a razones de interés público y ha sido el adecuado a este tipo de licitación. 

En el desarrollo de la sentencia, el juez señala que la existencia del acuerdo de rescisión del contrato adoptado por la Junta de Gobierno local en enero de 2017, ordenando igualmente la continuidad del servicio, que además no fue notificado, introduce un «elemento perturbador» en el desarrollo posterior del contrato que «no se justifica en modo alguno apelando a una defectuosa redacción del acto». Sin embargo, el magistrado no entra ahí ni tampoco en la resolución posterior que da finalización al contrato porque ambas decisiones administrativas no fueron recurridas por la empresa. 

Finalmente, el magistrado se ampara en jurisprudencia al respecto y recogiendo los ingresos obtenidos por la empresa derivados de las facturas abonadas entiende que el importe del perjuicio sufrido que queda acreditado durante el proceso se sitúa en la cantidad de 158.826,24 euros, que es la que tiene que pagar el Consistorio. 

PSOE

Como decíamos anteriormente, la noticia la ha dado a conocer el PSOE que ha señalado que «no es un caso nuevo, en reiteradas ocasiones se le viene pidiendo a los equipos de gobierno liderados por Santiago Cabello que agilicen los trámites para que no se llegue a estos extremos y las empresas puedan demandar al Ayuntamiento y la respuesta siempre es la misma, la gestión es eficiente. Aquí tenemos una muestra más de que de eficiencia andan limitados y lo peor es que los desmanes de esa mala gestión los paga la ciudadanía de Pozoblanco», ha declarado el portavoz de los socialistas en el Consistorio, Rafael Villarreal. 

«Es Pozoblanco con sus ahorros quien tiene que hacer frente a esta multa por la nefasta gestión del equipo de gobierno», denuncia Villarreal. «Ya no sólo tenemos que pagar sus abogados por pagar a personas que no han trabajado para el Ayuntamiento, ahora de las arcas municipales saldrán 158.826 euros para cumplir con una empresa por no ser capaces de tener un pliego en tiempo
y forma. El lema de Santiago Cabello es seguimos hacia delante, pero está claro que lo que Pozoblanco da, lamentablemente, es pasos hacia atrás», sentencia el político socialista. 

• Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El juez de los juzgado de lo social número 1 de Córdoba ha emitido sentencia de la demanda interpuesta por un funcionario contra el Ayuntamiento de Pozoblanco y su alcalde, Santiago Cabello, por un supuesto caso de acoso laboral. La sentencia ha sido favorable para los intereses del Consistorio y el primer edil ya que la demanda ha sido desestimada absolviendo a los demandados. No obstante, contra la sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se concluye que «a la vista de todo lo expuesto y razonado no se aprecia vulneración de los derechos fundamentales del demandante ni la conducta de acoso denunciada» por lo que procede a «dictar sentencia desestimatoria de las pretensiones de la parte actora y absolutoria de los codemandados, sin especial pronunciamiento en costas». 

Una conclusión a la que el magistrado llega tras evaluar todas las pruebas aportadas, así como las testificales del juicio oral. En esa misma sentencia se abordan los hechos denunciados como «determinantes» de la situación de acoso denunciada declinando todas las expuestas en la demanda tanto las relativas a la eliminación de las herramientas para el desempeño de su trabajo, como los traslados a diferentes dependencias municipales, incluso dando veracidad al inadecuado estado de uno de ellos, el Centro de Vehículos Pesados, se exonera al Ayuntamiento de responsabilidad por estar concedido a la Fundación Prode. 

Respecto a las reiteradas situaciones de incapacidad temporal del trabajador se expone que el juez determina que «a la vista del material probatorio que se ha venido valorando en la presente sentencia, que estos sentimientos desfavorables traigan causa de una situación de acoso laboral, que no se aprecia» señalando a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2009 donde se recoge que «no se puede confundir lo que es un acoso laboral con la mera conflictividad derivada de las relaciones laborales». 

Así pues, tanto el alcalde como el Ayuntamiento son absueltos de cualquier responsabilidad, a la espera de que el demandante pueda ejercer su derecho al recurso ante esta sentencia. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco ha condenado a una multa de 900 euros a un vecino de Villanueva del Duque como autor de un delito leve de amenazas cometido en las redes sociales sobre dos guardias civiles destinados en los puestos de Villanueva del Duque y Alcaracejos.

Según se describe en la sentencia sobre la que informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuyos servicios jurídicos han asesorado y representado a los dos agentes, los hechos tuvieron lugar en el mes de marzo, cuando el referido individuo publicó cuatro vídeos en la red social ‘TikTok’, que también fueron difundidos mediante la aplicación ‘WhatsApp’, en los cuales aludía a dos guardias civiles sin concretar sus nombres, pero «ofreciendo detalles suficientes para saber que se dirigía a ellos».

En dichos vídeos expresaba amenazas, calumnias e injurias contra los dos agentes, como consecuencia de varias actuaciones policiales llevadas a cabo en días anteriores. El abogado Álvaro Moreno, quien ha asistido a los agentes, ha declarado que «lo más relevante de esta sentencia no es la cuantía de la condena impuesta, sino el mensaje que se transmite a quienes en el futuro se planteen utilizar las redes sociales para amenazar, insultar o calumniar a los guardias civiles», porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles estará «vigilante» y llevará a cabo «las acciones judiciales necesarias para que no les salga gratis».

Al respecto, AUGC lleva años reclamando que «se agraven las penas por agresiones a guardias civiles y que se refuerce su protección jurídica, y en ese agravamiento deberían incluirse los delitos por hechos como estos ocurridos en Villanueva del Duque, porque las amenazas, insultos, calumnias e injurias a que se enfrentan los agentes habitualmente son también formas de agresión y coacción para que los guardias civiles no desempeñen adecuadamente su trabajo».

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba a pagar 3.000 euros al secretario municipal en una sentencia que tiene su raíz en dos multas interpuestas por la Policía Local al mencionado funcionario por estacionar su vehículo en un lugar reservado para miembros de la Corporación. Unas multas ante las que el secretario presentó alegaciones por la vía administrativa que fueron desestimadas por los agentes, por lo que el funcionario recurrió ante el juzgado de lo contencioso-administrativo. Finalmente, en el fallo se da la razón al demandante, imponiendo las costas del procedimiento al Consistorio jarote así como a la indemnización de 3.000 euros por el daño moral sufrido. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso hoyaldia, reconoce que si bien en sentido estricto los secretarios no forman parte de la Corporación, las funciones concedidas a los mismos reguladas en el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local «resulta patente que el demandante ostentaba el derecho a poder estacionar en el lugar en el que lo hacía por su condición de personal al servicio de la Corporación». Un hecho ante el que se argumenta que se está ante una sanción «irregular e improcedente» entendiendo el magistrado que es «del todo evidente» que debió estimarse el recurso de reposición contra la resolución sancionadora. Además, se hace hincapié en que sí se estimó otro recurso relativo a otro expediente sancionador idéntico no comprendiéndose que exista «una respuesta divergente y contradictoria a ambos recursos administrativos». 

Además de estas afirmaciones, la sentencia recoge que se trata de una «irregular actuación que viene precedida por una particular animadversión del referido agente denunciante hacia el secretario municipal lo que ha desembocado en una clara y patente postura de acoso por parte de dicho agente hacia el demandante mediante el levantamiento de denuncias en absoluto justificadas». Se profundiza en esta situación hablando del informe emitido por el Jefe de la Policía ante las alegaciones presentadas por el secretario ante los expedientes sancionadores, un informe del que se dice que es «por su contenido claramente favorecedor y protector de la inapropiada actuación del agente denunciante». 

La sentencia recoge, del mismo modo, que «estamos ante un plan aparentemente al amparo del cumplimiento de un deber, pero ideado para acosar y perjudicar reiteradamente al demandante en represalia por su quehacer profesional como secretario del Ayuntamiento en la toma de decisiones con las que no coincidía y no eran del agrado del agente denunciante». La sentencia finaliza con el fallo antes mencionado que obliga al Consistorio al pago al secretario de 3.000 euros por el daño moral sufrido, el reconocimiento del derecho subjetivo de estacionar su vehículo en la zona reservada para personal corporativo, anulándose, del mismo modo, los expedientes sancionadores. 

Un centenar de personas se ha congregado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Pozoblanco para protestar contra la sentencia emitida por la Audiencia de Navarra al grupo conocido como «La Manada» y que ha llevado a que miles de personas se manifiesten en numerosos puntos de España. Los nueve años de condena y la catalogación del delito como abuso y no agresión sexual han causado indignación entre muchos sectores de la sociedad que hoy han dejado patente esa disconformidad.

La convocatoria para la concentración en Pozoblanco comenzaba a circular por las redes sociales a primera hora de la tarde, todo ello en una localidad que está a la espera de que varios miembros de ese mismo grupo sean juzgados por un presunto delito de abusos contra una chica del municipio. Las consignas escuchadas por el centenar de personas que ha secundado la convocatoria han sido las mismas que se han podido escuchar en el resto de ciudades que han acogido protestas, «no son abusos, es violación», «yo sí te creo» o «nosotros somos la manada».

Al término de la concentración hablábamos con Manuela Calero, miembro de la Asociación Ventana Abierta y también del Consejo Local de la Mujer, que reconocía que «tenía el presentimiento de que iba a existir una reacción fuerte del patriarcado después del movimiento del 8 de marzo, siempre ha sido así. Este juicio ha sido muy mediático con gente señalada de determinados sectores y aunque creíamos que se tenía que cortar esta vergüenza de una vez, no ha sido así». «Es una auténtica vergüenza que digan que es un abuso, es insufrible», expuso para dejar claro que «la justicia ha perdido una oportunidad de adaptarse a los tiempos».

«Creo que esta sentencia tiene que ser recurrida, que esto no puede quedarse sí», expuso para al final destacar las movilizaciones que han tenido lugar en numerosos puntos del país.

El pasado viernes el presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches se reunió con diversos clubes y asociaciones de pesca de Los Pedroches quienes le expresaron su inquietud ante la recientemente acaecida sentencia del Tribunal Supremo que incluye, en base al recurso presentado por diferentes grupos ecologistas, especies como la carpa, la trucha arcoíris o el cangrejo rojo entre las especies exóticas invasoras que regula el Real Decreto 630/2013, y que prohíbe su pesca y comercio, en lo que han calificado como de “auténtico descalabro” para el sector ya que miles de empresas, distribuidores nacionales de productos de pesca, exportadores, Clubes, Asociaciones de diferente índole, guías de pesca, tiendas, etc. desaparecerían y miles de personas perderían su puesto de trabajo.

La sentencia obedece a la aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que a juicio del sector nada se acerca a la realidad medioambiental de nuestro país y que su estricta aplicación va a producir un descalabro en la economía e incluso un descalabro medioambiental, ya que entienden que lejos de erradicar a las especies declaradas invasoras, lo que producirá es el objetivo contrario que pretende la Ley, un incremento de estas y otras especies debido a un nuevo desequilibrio medioambiental, además de estar convencidos de la falta de presupuesto de las administraciones para hacer frente a su erradicación.

Por su parte el presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, Juan Díaz, ha manifestado su apoyo ante lo que califica de “incongruencia” pues va a afectar a un sector empresarial importante produciendo un daño inmensamente mayor que lo que se pretende con la prohibición y erradicación de estas especies ahora catalogadas de invasoras y que va a trabajar para que finalmente la Ley sea modificada, por lo que se ha comprometido a tratar el asunto en la próximo Junta de la Mancomunidad presentando una moción que luego sea trasladada a las autoridades regionales, nacionales y europeas.

El Partido Popular de Pozoblanco está trabajando en la elaboración de una moción que presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento encaminada a reivindicar y mostrar su apoyo a la pesca continental. Así lo anunció en el día de ayer el portavoz del grupo municipal, Santiago Cabello, tras mantener una reunión con representantes de la Federación Andaluza Bass y miembros del Club de Pesca de la localidad. Una moción que vendrá a consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se amplía el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, incluyendo entre otras especies a la carpa común o la trucha arco iris. Un hecho que anula las excepciones a la normativa que permitían la pesca de algunas de estas especies y prohíbe la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos.

La sentencia del Tribunal Supremo, pendiente de publicación en el BOE y de su posterior aplicación, pone en jaque a la pesca deportiva, motivo por el que el Club de Pesca de Pozoblanco viene movilizándose desde que se conoció el fallo judicial. Santiago Cabello defendió que «la pesca es un sector que mueve tres mil millones de euros a nivel nacional» y destacó también el aspecto competitivo destacando el trabajo del club pozoalbense. Una línea argumental que fue utilizada también por otros componentes de la mesa que destacaron que la prohibición de la pesca y suelta de estas especies supondría «la desaparición de Escuelas de Pesca como la de Pozoblanco», según apuntó Pedro Morante, presidente del Club Bass Córdoba.

El presidente de la Federación Andaluza de Bass, Manuel Calero, señaló que «Pozoblanco es el segundo club más importante de la provincia con la mejor Escuela de Córdoba» a la vez que alabó el coto del embalse de Santa María donde se han celebrado hasta seis competiciones oficiales. Además del aspecto deportivo, Calero quiso resaltar el impacto económico negativo que se produciría haciendo referencia, por ejemplo, a las tiendas especializadas o al movimiento económico que se produce en cada competición. Uno de los socios fundadores del Club de Pesca del municipio, Martín Torrico, expuso finalmente que «están en juego unos 20.000 puestos de trabajo directos».

Unos motivos que llevarán a los afectados pozoalbenses a sumarse a la manifestación que tendrá lugar el próximo 5 de junio en Madrid, tal y como hicieran hace unas semanas en Mérida. Allí, estarán bajo la convocatoria realizada por la Plataforma en Defensa de la Pesca que viene abanderando con las diferentes federaciones la lucha contra una sentencia que pone en jaque al sector.