El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco llevará a la próxima sesión plenaria la aprobación de las ordenanzas y tasas municipales para el año 2025. Según ha adelantado habrá una congelación de los impuestos y tasas municipales algo que es posible «por el estado saneado de las cuentas municipales», en palabras del primer edil, Santiago Cabello. 

Así las cosas, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana se mantendrá en 0,65 por ciento, mientras que el de rústica será de 0,72 por ciento, como en años anteriores. El precio del agua se mantendrá congelado en sus diferentes tramos manteniéndose las bonificaciones en el uso genéricos, social y para las familias numerosas, llegando al alcanzar una reducción del 35 por ciento en su segundo tramo para este último grupo. 

Otra de las cuestiones que se mantendrá es la bonificación sobre el IBI a familias y empresas que opten por la instalación de sistemas de aprovechamiento eléctrico procedentes de energía solar con bajadas del 50 por ciento en los dos primeros años. Igualmente, se mantiene una bonificación del 25 por ciento del IBI en ese mismo periodo para quienes inviertan en energía térmica.

Otra medida que persiste es la reducción del 80 por ciento del IBI y la mencionada bonificación del 35 por ciento en el segundo tramo del consumo del agua para las familias numerosas. El resto de impuestos, tasas o  las instalaciones municipales quedarán congeladas igualmente. Por último, la copia auténtica por expedición por documentos administrativos (compulsa de expedientes) pasa a regularse en ordenanzas y también la tasa del aprovechamiento especial del dominio público y las reservas para aparcamientos de personas con discapacidad, que estarán bonificadas al cien por cien.  

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha exigido a la Diputación de Córdoba que mantenga las tasas de Epremasa y de Emproacsa después de que el aumento del precio que se ha aprobado para el recibo de residuos sólidos urbanos para paliar el déficit de Epremasa vaya a ser del 40 por ciento en 2024. El alcalde, Isaac Reyes, ha expresado que esta subida es inadmisible, ya que además «estamos ante una próxima subida, de un porcentaje que podría ser similar, en el caso del agua». Es por ello que ha pedido que Emproacsa mantenga las tasas y que no se ejecute el posible incremento que se baraja. Ambos incrementos, según afirma la Diputación, van destinados a solventar los problemas económicos de las dos empresas públicas, pero el alcalde considera que «no se puede gravar más a los ciudadanos debido a la falta del soluciones eficientes». Y sobre todo, según el primer edil, «es que nos van a subir el precio de un servicio, como es el del agua, que se sirve desde camiones y que es claramente deficitario». Por este motivo, el alcalde solicitó al presidente de la Diputación de Córdoba, hace unas semanas, sin haber obtenido aún respuesta, una reunión para manifestarle directamente dicho malestar.

«Somos conscientes de que el problema es complejo, pero ya son muchos meses y las soluciones que ponen encima de la mesa no son efectivas a medio plazo», afirma el alcalde en una nota. Del mismo modo, sostiene  que es «urgente» un compromiso real de todas las administraciones porque, «como esta misma semana ha señalado el relator de la ONU que ha visitado la comarca, vivimos en una situación que atenta contra los derechos humanos», ha expresado.     

Isaac Reyes ha recordado cómo el pasado lunes estábamos citados todos los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba en Peñarroya-Pueblonuevo para conseguir fijar una postura común para buscar una solución al problema y no asistió ningún representante ni de la Junta, ni de la Diputación, sólo acudieron técnicos de la Confederación Hidrográfica y un representante de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. «Y lo más sangrante es que tenemos agua, pero ni está depurada ni tratada, y es lo que debemos demandar como primera solución, a la que debemos sumar el trasvase de Puente Nuevo, pero debemos entender que antes hay soluciones a nuestro alcance», ha expresado Reyes. «Están esperando a que llueva, a que, como dijeron ayer, caigan 300 litros para que haya agua en febrero o en marzo, pero de momento eso no sabemos si va a ocurrir. Es fascinante. Si se nos presenta un inverno seco, la situación será dramática, por eso es necesario que todas las administraciones se pongan de acuerdo de una vez con soluciones de emergencia, con un esfuerzo inversor extraordinario. La única solución, insisto, no puede ser subir las tasas del agua».

El coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, y el grupo de diputados han rechazado la «sorpresiva y desproporcionada»  subida del 40 por ciento en la tasa de basura propuesta por el Partido Popular. Esta medida, que afectaría a los municipios de la provincia de Córdoba, ha sido calificada por IU como un «auténtico escándalo y una carga financiera inasumible» para la ciudadanía.

La subida, que se aplicaría de manera «lineal» a todos los contribuyentes, «sin excepciones ni bonificaciones», supondría un impacto «devastador» en las economías familiares, para la formación de izquierdas. Una familia que actualmente paga alrededor de 100 euros anuales por esta tasa vería un aumento a 140 euros, lo que representa un aumento significativo en sus gastos. Esta subida «desproporcionada» afectaría a muchas familias en la provincia de Córdoba, a autónomos, pensionistas o pequeñas empresas y pondría «en riesgo» su bienestar económico. 

IU considera que «cualquier aumento en tasas e impuestos debe realizarse de manera progresiva y proporcional, de modo que sea asequible para la mayoría de la población». La organización política ha anunciado que llevará a cabo una extensa campaña de información en toda la provincia para concienciar a los ciudadanos sobre las políticas económicas que, a su juicio, «atacan directamente a la economía de la provincia y a la economía de las familias». Esta campaña se centrará en exponer «las políticas privatizadoras y desmanteladoras» del Partido Popular y sus «efectos perjudiciales» en los trabajadores, las familias y la economía en general. 

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, anunció que las ordenanzas fiscales de la institución provincial para 2024 recogen una subida de las tarifas de la basura que se aplican en las diferentes localidades. Una subida de esa tasa que asciende a un 40 por ciento más de lo que se paga en la actualidad y que vendrá a significar de media unos 40 euros por hogar al año. 

Fuente indicó que «esté previsto un déficit en 2024 de un 51,53 por ciento (-9.625.672 euros), siendo un 24,04 por ciento debido al impuesto de vertederos del Gobierno de España (-4.490.911 euros), un 10,5 por ciento al aumento de los gastos de contratas (-1.963.156 euros) y el 16,9 por ciento restante a la disminución de ventas y otros factores (-3.172.400 euros)». 

Para reducir esta cifra, Fuentes ha anunciado que “la Diputación aportará, por vez primera, una subvención de explotación a Epremasa por valor de 2.017.000 euros, lo que permitirá reducir la subida del 51,53 por ciento hasta el 40,8 por ciento. Este incremento se destinará en su mayor parte a sufragar el impuesto de vertederos. De esta manera, se plantea una subida de 3,14 euros al mes, de los cuales 1,85 euros se destinan al pago del impuesto del Gobierno de España y 1,29 euros a pérdidas de explotación».

Los comerciantes que instalan sus puestos de venta en el mercadillo de Pozoblanco no tendrán que pagar la tasa regulada en las ordenanzas municipales por ocupación de la vía pública. Una ventaja fiscal que dichos comerciantes no tuvieron durante 2020 y que ahora tendrán en este año, aunque no al completo ya que la medida entrará en vigor una vez finalicen los trámites administrativos para modificar dicha ordenanza. La venta ambulante, por tanto, se verá beneficiada de esta medida junto a la hostelería y la restauración, sectores que sí se pudieron acoger a la misma en 2020. 

Las modificación de la ordenanza se aprobó en el pleno correspondiente al mes de febrero, aunque con algo de polémica. Estando todos los grupos municipales de acuerdo con la propuesta planteada y con lo que viene a significar para estos empresarios, la situación se entroncó con el informe jurídico emitido desde secretaría que viene a determinar que el efecto de dicha medida entrará en vigor una vez pasen los plazos administrativos pertinentes y no podrá tener carácter retroactivo.

Al intercambio de pareceres entre el primer edil, Santiago Cabello, y la secretaria se sumaron las críticas de los portavoces de la oposición, Rosario Rossi (PSOE), Pedro García (Ciudadanos) y Miguel Calero (IU) por entender que esta modificación tendría que haberse planteado para que los empresarios pudieran estar exentos de pago desde el 1 de enero de 2021. Como medida alternativa se barajó, sin ninguna cuestión específica, compensar el pago durante los meses correspondientes con algún tipo de ayuda. 

Plan RELAS

Por otro lado, el pleno acordó por unanimidad que el Ayuntamiento siga adscrito a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS), un proyecto instaurado a nivel autonómico y local hace años. Del mismo modo, salió hacia delante una moción de urgencia presentada por el PP sobre los fondos europeos de recuperación en la que se insta al Gobierno central a aumentar el porcentaje de cuantías que percibirán los ayuntamientos. Se quedaron solos los populares en esta moción, ya que la oposición les criticó el escaso tiempo para su estudio y las formas de presentación de dicha moción. 

Los diferentes partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Pozoblanco debatirán en el pleno correspondiente al mes de octubre las ordenanzas municipales, a tenor de la información facilitada desde el Consistorio y que incide en las propuestas planteadas por el equipo de gobierno al resto de los grupos de la oposición. A la espera de posibles aportaciones, ya que esa propuesta se hizo vía correo electrónico el pasado viernes, no se plantean grandes cambios con respecto a años anteriores. 

No habrá subida en impuestos, tasas y tarifas municipales para el año 2021 en una medida que se ajusta a la situación actual marcada por la crisis del coronavirus. Entre las novedades está la propuesta de reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles a las familias y empresas que opten por la instalación de sistemas de aprovechamiento eléctrico procedentes de energía solar con bajadas del 50 por ciento en los dos primeros años, a lo que habría que sumar una bonificación del 25 por ciento para quienes inviertan en energía térmica. Esta propuesta ya se puso sobre la mesa en el debate de ordenanzas del año pasado cuando fue presentada por el PSOE, aunque en aquel entonces se quedó sin aprobar a la espera de un informe de viabilidad. 

También el año pasado, y de la mano de IU, se planteó una reducción en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a todos los vehículos eléctricos nuevos que también quedó aparcada. Ahora, volverá a ser debatida tras ser recuperada por el equipo de gobierno fijando esa reducción en un 50 por ciento. Los argumentos para dejar aparcada el año pasado fueron la necesidad de un informe de viabilidad y el ser algo «simbólico». 

El resto de medidas sigue la misma línea que años anteriores con bonificación del cien por cien de la tasa de inicio de actividad con «el fin de estimular el emprendimiento empresarial» y no aplicar la subida de la tarifa de la empresa provincial de aguas, en caso de que se produzca esa subida, asumiendo el Ayuntamiento la misma afectando esa medida a todos los tramos contemplados. 

Respecto a estos planteamientos, el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, indicó que “lo importante es mantener una situación de estabilidad, seguridad fiscal y jurídica y no penalizar con mayores impuestos a los ciudadanos y empresas en una situación compleja como la actual”. El debate se prevé para el último martes del mes de octubre, momento en el que se conocerá si los grupos de la oposición plantean otras alternativas que se vengan a sumar a las planeadas por el equipo de gobierno. 

La ciudadanía pozoalbense ya conoce las modificaciones de las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor en 2020 y que pasan por las propuestas presentadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco, que en su gran mayoría encontraron el respaldo de los grupos de la oposición. Eso sí, todos ellos en bloque, es decir, PSOE, Ciudadanos e IU, reclamaron a los actuales gestores algo «menos de improvisación» y un «mayor diálogo» para que ciertas cuestiones sean abordadas en debates previos y haya cabida para las propuestas de los diferentes grupos. 

En cuanto a las que salieron hacia delante está el paquete anunciado con anterioridad y que pasa por el descenso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica de 0,76 a 0,73, la congelación de la tarifa del agua, es decir, que será el Ayuntamiento el que asuma la subida y la bonificación del precio de la licencia de apertura por inicio de actividad siempre y cuando los sujetos beneficiarios no hayan optado a esta exención en años anteriores. El IBI de Urbana se quedará en 0,66, al igual que el año pasado, después de varios años consecutivas de bajada. 

Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo con las propuestas del equipo de gobierno, aunque catalogaron de «simbólica» la reducción en el IBI de Rústica porque apenas se dejará sentir en las arcas municipales. El único voto en contra fue el emitido por IU respecto a la bonificación por inicio de actividad por entender que beneficia de igual manera a pequeños autónomos como a grandes empresas, algo con lo que la formación se mostró en contra. 

Las propuestas presentadas por la oposición quedaron pendientes de informes de viabilidad, propuestas que plantean bonificación sobre el IBI de Urbana a aquellos propietarios que hayan optado por las energías renovables -presentada por el PSOE- y otra bonificación sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica eléctricos e híbridos -propuesta de IU-. Ambos planteamientos también fueron calificados de «simbólicos» por la poca incidencia actual que tienen pero se tuvo en cuenta su importancia por la tendencia de los mercados. Sin embargo, el equipo de gobierno prefirió esperar a ese informe de viabilidad y no fueron aprobadas. 

Convenio para poder utilizar el Pabellón Don Bosco

El expediente económico fue el punto de mayor envergadura de los vistos en un pleno que también abordó otros temas. Entre ellos, el convenio que desde el Ayuntamiento se viene haciendo con la congregación salesiana para la utilización del Pabellón Don Bosco por los clubes de cancha. El acuerdo salió hacia delante aunque de nuevo la oposición se quejó de falta de información puesto que el convenio contempla que la contrapartida a esa utilización se traduzca en mejora de las infraestructuras. La oposición pidió detalles económicos de unas obras que en parte ya se han realizado. El PP defendió el convenio e indicó que sí se reflejan cifras porque las actuaciones en caso de suministros de servicios no podrán pasar de 15.000 euros y en caso de obras de 40.000. Es decir, que el convenio podrá repercutir en las arcas municipales hasta 2023 en 55.000 euros como máximo. La falta de información exacta sobre las actuaciones y el importe gastado en las mismas llevó a PSOE e IU a no querer pronunciarse y, por tanto, a la abstención. 

Por último, en el capítulo de mociones se aprobó de manera institucional una en defensa del cerdo ibérico en extensivo y otra en defensa de la constitución y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a tenor de lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña que no contó con el respaldo de IU que entendió que no tenía el dictamen necesario para su elevación a pleno porque no se había visto en la Comisión Informativa General previa al pleno y, por lo tanto, era necesario votar su inclusión en el debate. 

El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha aprobado recientemente la tasa por la que se cobrará 400 euros al año a las entidades bancarias por los cajeros en la vía pública. Esta propuesta fue llevada a pleno por el grupo municipal de Izquierda Unida y contó con el apoyo del PSOE, siendo una de las medidas que estaba incluida en el acuerdo programático que firmaron ambas fuerzas, según informa IU en su página web.

Tras esta medida, serán las cuatro entidades bancarias las que se verán afectadas por la misma y tendrán que pagar esa cuota a cuenta del uso público que utilizan. La medida llegó justificada porque «esa tasa del uso del suelo público ya la pagan otros sectores empresariales como los hosteleros o los comerciantes ambulantes».

«El papel jugado por  las entidades bancarias en la crisis económica o la socialización de las pérdidas a causa de los múltiples rescates bancarios hacen también de la media un hito simbólico, es decir, se trata de hacer que los que más tienen o más ganan aporten también a la hacienda municipal», explica la formación en su página web.