Un hombre de Villanueva de Córdoba ha sido condenado a 12 años de cárcel por un delito de agresión sexual a dos menores de edad. El tribunal considera probado, según la sentencia, que el condenado a prisión contactó con los menores cuando las víctimas tenían 14 y 15 años de edad y les envió fotografías de sus genitales a través del teléfono móvil y, posteriormente, se produjeron las agresiones sexuales.

Los hechos se remontan al año 2023 y fue en el año 2024 cuando las familias de los menores denunciaron los hechos lo que motivó que la Guardia Civil detuviera al acusado. El agresor confesó los hechos e ingresó en prisión provisional a la espera de juicio. Además de confesar los hechos, el condenado ha indemnizado a cada una de las víctimas con 10.000 euros.

En la vista oral que se produjo la semana pasada, el acusado reconoció los hechos y aceptó doces años de presión por dos delitos continuados de agresión sexual y otros dos delitos de agresión sexual, según adelantó Cordopolis. La confesión y la reparación del año han sido aplicadas como atenuantes a la hora de dictar la sentencia. El condenado no podrá acercarse a las víctimas a una distancia inferior a 150 metros ni comunicarse con ellas en diecisiete años.

Belalcázar y su alcalde, Francisco Luis Fernández (PSOE), han sido estos días noticia por el decreto que ha remitido la Fiscalía de Córdoba al Juzgado de Instrucción de Peñarrroya-Pueblonuevo señalando indicios de prevaricación del primer edil ante la inacción por unas obras ilegales, según adelantó El Día de Córdoba. El expediente, según precisó el alcalde en declaraciones a Radio Hinojosa, se remonta a 2010 cuando Antonio Vigara era el primer edil de la localidad y hace referencia a la construcción de unos garajes que no se llegaron a realizar ya que esa zona se rellenó con la consiguiente denuncia de una vecina afectado. 

La fiscal del caso asegura, además, que el Ayuntamiento no ha remitido parte de la información requerida durante este tiempo, algo que fue denunciado tajantemente por el primer edil que aseguró que «la fiscal no se ha leído todo el expediente porque si se lo lee va a comprobar que todos los requerimientos se han contestado». Fernández indicó que espera que la citación judicial «llegue lo antes posible» para solventar un caso que «ha filtrado alguien para hacer daño a este Ayuntamiento y a este alcalde por las fechas en las que estamos», haciendo alusión a la inminente llegada de las elecciones municipales. 

En lo que respecta al caso, el primer edil certificó que el expediente aborda una construcción ilegal que data de 2010 que «nos encontramos cuando llegamos a la alcaldía». Al parecer, hay un decreto de paralización de la obra, aunque la misma se continuó haciendo e incluso una sentencia que dictaminaba que había que eliminar el relleno que se puso en el terreno. Llegados a este punto, falleció el dueño de dicho terreno y «no hemos podido continuar con el expediente hasta que no han estado claros los nuevos herederos» con lo que se abrió un vacío legal de varios años. Fernández también explicó que hubo una sentencia firme favorable a la denunciante con el pago de una indemnización de 30.000 euros y que la situación se hubiera solventado con la construcción de un muro de hormigón en el perímetro pero el propietario no llevó a cabo esta acción. 

Finalmente, el regidor aseguró sentirse «tranquilo» y seguro de que «callaremos muchas bocas» en el momento en el que las diligencias finalicen con el consiguiente juicio. 

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba considera que es delito el uso indebido del nombre geográfico protegido ‘Los Pedroches’ en el etiquetado de jamones no amparados por esta Denominación de Origen Protegida (DOP) del norte de la provincia cordobesa. Según informa el Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches, la sentencia explicita que «los productos amparados por estas figuras de calidad diferenciada reconocidas por la Unión Europea (UE) tienen unas determinadas cualidades que no tienen el resto y que el derecho exclusivo del uso del nombre protegido para distinguir a los jamones y paletas amparados es de los operadores inscritos en los registros del Consejo Regulador».

El Juzgado concluye en su resolución que «la mención del nombre ‘Los Pedroches’ en producto no amparado por esta Denominación de Origen Protegida supone un hecho suficiente para considerar que estamos ante un intento de llevar a engaño al consumidor y hacerle creer que está adquiriendo un producto amparado por la misma». Así, la sentencia condena a los autores a un año y diez meses de prisión, multa de 5.400 euros y estima además una indemnización por los daños morales a favor del Consejo Regulador, cuya cuantía se determinará en fase de ejecución además de imponerles el pago de las costas.

Tras ello, se iniciaron las diligencias de la Benemérita, interviniendo el producto denunciado e iniciando toda la investigación concerniente al etiquetado fraudulento y posterior comercialización de los jamones por parte de los condenados. La denuncia se presentó al amparo del convenio de colaboración que la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) y la Dirección General de la Guardia Civil tienen firmado para la defensa de estas figuras de calidad diferenciada.

La sentencia puede ser aún recurrida, pero, en cualquier caso, «crea un precedente muy trascendente e importante para la defensa y el prestigio de todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de España y de su producto amparado», concluyendo que «la aparición del nombre protegido en el producto no amparado supone una infracción perseguible por la vía penal», a la vez que «defiende los intereses de los consumidores a tener en el etiquetado de los alimentos información veraz y no confusa».

Al respecto, destacan que las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) amparan y protegen productos agroalimentarios de calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales debidas al medio geográfico en el que se producen y se elaboran y a la influencia del factor humano que participa en su obtención. Son productos agroalimentarios de calidad, origen, tradición y garantía certificada y avalados a nivel europeo.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, tuvo que acudir el pasado martes al Juzgado Número 1 de lo Social de Córdoba para declarar en el juicio oral abierto tras una demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de la localidad y contra el primer edil en materia de tutela del derecho de derechos fundamentales por acoso laboral interpuesta por un funcionario del Consistorio. La demanda se interpuso a finales del mes de septiembre de 2022, posteriormente fue admitida a trámite y finalmente el martes se celebró la vista oral.

Según fuentes consultadas por este periódico, el juicio oral se alargó durante algo más de cuatro horas donde testificaron ambas partes, así como diversos testigos llamados tanto por la acusación como por la defensa. No obstante, el juicio no quedó visto para sentencia ya que la parte denunciada presentó ese mismo día una serie de documentación por lo que el juez dio cinco días al abogado de la acusación para el estudio de la misma y presentar las alegaciones pertinentes, si se estima oportuno. Esas mismas fuentes aseguran que la parte acusada intentó llegar a un acuerdo antes del juicio, aunque no fue aceptado por el denunciante por lo que tuvo lugar el siguiente paso, es decir, la vista oral. 

En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, se relata la correlación de hechos que han llevado al funcionario a acudir a la justicia. Los hechos detallados en la demanda se remontan a junio de 2016 cuando supuestamente «surgieron una serie de discrepancias» entre el trabajador del Ayuntamiento y el primer edil por la forma de desarrollar el trabajo del primero. Dos años después se presenta una denuncia por acoso laboral en el Ayuntamiento «sin que se iniciara ningún protocolo» y empiezan los periodos de baja médica del funcionario por este motivo. La situación empeoro con dos «traslados forzosos» a diferentes dependencias municipales «sin concretar las funciones a desempeñar».

Unos hechos de los que se desprende, según la demanda, «un comportamiento continuado de acoso y hostigamiento por parte de la Corporación demandada con el pleno conocimiento del señor alcalde, adoptando una conducta omisiva». La acusación pide una indemnización que se fija en 60.000 euros por el tiempo «prolongado» en el que a su juicio se mantiene esta situación, así como por «el grave deterioro psíquico» que ha padecido el trabajador «durante estos años, con menoscabo de su integridad física y moral».

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el alcalde de Pozoblanco para conocer su versión de los hechos, sin que por el momento haya optado por hacer declaraciones al respecto. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, Rosario Rossi, tras la denuncia interpuesta por Vox contra ella por un supuesto delito de odio por una fotografía difundida en una red social y en la que aparecía una pintada contra la formación política de ultraderecha, según ha adelantado Europa Press y ha podido comprobar este periódico. 

Así, en el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso hoyaldia.com, se expone que «los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal». 

En dicho informe, se especifica efectivamente que no es posible identificar la identidad del perfil de la red social ya que es una aplicación y red social de «origen estadounidense, propiedad de Facebook que no remite datos de sus asociados debido a la distinta regulación legal sobre la libertad de expresión en EE.UU». 

Sin embargo, en el informe del fiscal también se especifica que «han de tenerse en cuenta para fijar el grado de protección constitucional del mensaje, entre otras circunstancias, el carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión y especialmente si son titulares de cargos públicos ya que como consecuencia de la función que cumplen las libertades de expresión y de información en un sistema democrático sus titulares han de soportar las críticas o revelaciones aunque sean «especialmente hirientes».

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de 3 días desde su notificación y tras el que podría interponerse recurso de apelación. 

Antecedentes

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre cuando la formación política presentó una denuncia en los juzgados de Pozoblanco contra la edil socialista por un presunto delito de odio. La denuncia venía motivada por la aparición de la portavoz socialista en el Ayuntamiento pozoalbense en una fotografía subida a una red social delante de una pintada donde puede leerse «Vox=Nazis de mierda».