El malestar entre el personal del Ayuntamiento de Pozoblanco y la parte política prosigue después de la rueda de prensa ofrecida por el equipo de gobierno el pasado martes. Las declaraciones realizadas por el primer edil, Santiago Cabello, y respaldadas por el resto del equipo de gobierno han tenido la primera contestación, la del sindicato independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN). A través de un escrito, el sindicato pide al primer edil que se siente a dialogar y deje a un lado las «medias verdades». En este sentido, el sindicato indica la invitación formal a sentarse a dialogar hasta en cuatro ocasiones «todas ellas con la misma respuesta, el silencio». 

El sindicato de Policía también contesta a las afirmaciones realizadas por el primer edil el pasado martes y que atañen directamente a este servicio. A este respecto, certifican la disponibilidad de 6 chalecos antibalas, pero indican que es un número «más que insuficiente» al tratarse de un medio de protección individual. Por otro lado, indican que las cifras dadas en gastos -100.000 euros- para equipamiento deriva de «una obligación» y dicho gasto «se realiza de manera ordinaria». Del mismo modo, recuerdan al edil que algunas de las acciones que se atribuye, las revisiones y puestas a punto de determinados elementos, responde al «mantenimiento anual y lleva años realizándose». 

Siguiendo con la contestación, el sindicato señala al informe que enseñó el primer edil relativo a la prevención de riesgos laborales, emitido por «una empresa privada a la que el Ayuntamiento abona sus servicios, pero le insta a hablar de los informes sobre la última visita de la Inspección de Trabajo. El escrito prosigue indicando que «se le llena la boca a usted hablando del nuevo vehículo policial que ha traído a la Jefatura, vehículo dotado con las últimas tecnologías. ¿A qué tecnologías se refiere? ¿A que venga equipado con led de alta visibilidad, a que disponga de mampara para detenidos o a la ausencia de emisora de última generación?». Un vehículo, que según los datos aportados por el sindicato, ha llegado de alquiler «tras prestar y agotar 7 años de servicio policial en la localidad de San Roque» y que cuesta al Ayuntamiento 650 más IVA al mes. 

Por último, el sindicato señala al primer edil como único responsable de la crispación en el Ayuntamiento y como ejemplo pone el incumplimiento del acuerdo firmado en mayo de 2019 con los por aquel entonces representantes sindicales. Un acuerdo que «no ha llegado a impulsar y cumplir, jugando a marear la perdiz, derivando la atención y culpando siempre a trabas y problemas ajenos a su persona».