El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y su homólogo a nivel comarcal, Miguel Calero, han ofrecido hoy miércoles una rueda de prensa en Pozoblanco en la que han abordado la situación de la querella que presentó la formación contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la anterior concejala de Personal, Inmaculada Reyes, sobre supuestas irregularidades en materia de contratación en el Ayuntamiento pozoalbense. Una querella que fue admitida a trámite por el juzgado de la localidad y ante la que hubo citaciones para declarar que luego fueron pospuestas por diversos recursos interpuestos. Ahora, más de un año después de que la querella fuera admitida a trámite -lo fue en febrero de 2025- la formación ha denunciado una «maniobra de bloqueo y dilación» a la justicia para que el caso se archive sin la práctica de las diligencias correspondientes. 

Una acusación que IU sustenta en un auto emitido por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco donde se especifica que «no se ha podido llevar a cabo ninguna de las diligencias instructoras interesadas en la querella por la negligencia del propio Ayuntamiento que ha hecho caso omiso al requerimiento del Juzgado de aportar información relevante para poder llevar a cabo con las máximas garantías para todos los implicados las declaraciones de los investigados y no vulnerar el derecho a la tutela judicial».

En su correlato, Miguel Calero ha recordado que se citó como investigados al alcalde y a la ex concejala para declarar el 11 de marzo, aunque la comparecencia terminó aplazándose al 17 de ese mismo mes. IU sostiene que, desde entonces, las defensas iniciaron una cadena de recursos para retrasar el procedimiento judicial. Entre las diligencias solicitadas figuraba la entrega de nóminas relacionadas con el hijo de la secretaria particular del alcalde, documentación requerida por el juzgado el 27 de junio de 2025 y que, según denuncian, no fue remitida hasta el 12 de marzo de 2026 «a las puertas de que expirara el plazo normativo de doce meses».

La formación afirma que presentó varios escritos reclamando impulso procesal, tanto en septiembre de 2025 como en febrero de 2026, cuando además solicitó una prórroga de seis meses para continuar la instrucción antes de que expirara el plazo legal. El juzgado acordó finalmente ampliar la investigación seis meses mediante un auto dictado el 4 de marzo de 2026, resolución que posteriormente fue recurrida por las partes investigadas. Sin embargo, un nuevo auto fechado el 7 de mayo desestimó dichos recursos y confirmó la prórroga. El recurso de esa prórroga está ahora en la Audiencia Provincial, aunque según ha confirmado IU eso no imposibilita que se puedan practicar las correspondientes diligencias. 

En esa resolución judicial, leída durante la comparecencia, el magistrado considera que la petición de archivo defendida por las partes investigadas responde a una «interpretación sesgada en beneficio propio», señalando además que no se habían podido practicar diligencias «por la negligencia del propio Ayuntamiento», al no atender los requerimientos judiciales de documentación. IU considera «gravísimo» que durante nueve meses no se remitiera la información solicitada por el juzgado y critica que posteriormente se solicitara el archivo de la causa alegando falta de diligencias practicadas.

Sebastián Pérez, dirigente provincial de IU, afirmó que el Partido Popular está utilizando instituciones públicas «para bloquear y obstaculizar la justicia», interpelando también al partido a nivel provincial y andaluz. «Si el alcalde no tiene nada que ocultar, debería facilitar toda la documentación y declarar cuanto antes», ha asegurado Pérez, que ha defendido que IU seguirá «vigilante» para garantizar que la justicia «sea igual para todos».

Por su parte, Miguel Calero ha insistido en que las presuntas irregularidades denunciadas no se limitan a la legislatura anterior, sino que continúan produciéndose actualmente a través de contratos y prórrogas que, según indicó, «no se ajustan a la legalidad». IU ha solicitado ahora que el juzgado practique de forma inmediata las diligencias pendientes, incluyendo declaraciones de investigados y testigos, antes de que finalice la prórroga de instrucción prevista para septiembre.

Durante la comparecencia, la formación también mostró su solidaridad con el propio Calero por los recientes disparos sufridos contra su vehículo, un asunto que ya se encuentra judicializado y bajo investigación.