Una hora larga de debate se extendió el punto más polémico de los llevados al orden del día del pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco. Se trataba de una propuesta de la alcaldía para solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía la intervención en el grupo de 54 Viviendas de Protección Oficial (VPO) situadas en el Paseo de Los Llanos de la localidad. Una propuesta que venía a exigir a dicha administración que «se revisen las condiciones de uso de las 54 viviendas sociales de su titularidad y previos los informes que considere necesarios para tener mayor conocimiento de causa, proceda al desahucio de aquellas personas causantes de los problemas«. Unos problemas que se recogían en la misma propuesta en la que se indicaba que algunos beneficiarios «han convertido dicho grupo de viviendas en una especie de reducto, donde no se respetan los más elementales principios de convivencia vecinal» creando estas conductas «múltiples denuncias» y alegando que existe un «estado de temor y alarma permanente que afecta al vecindario de la zona y a un colegio cercano».

 

Desde el inicio del debate, los tres grupos de la oposición se mostraron contrarios a aprobar que se tomara una medida como la del desahucio y tanto CDeI como PSOE, de la mano de sus portavoces Benito García y Auxiliadora Pozuelo, respectivamente, acusaron al primer edil pozoalbense, Emiliano Pozuelo, de cobardía uno y de dejación de funciones la segunda. García apuntó que «ha caído más en una cobardía que en una valentía presentando este escrito» y le arengó a haber consensuado el texto con los grupos de la oposición porque «se perseguirían los mismos objetivos pero con otro texto». Por su parte, la portavoz socialista se dirigió al primer edil indicando que «tiene que coger los temas tanto los que les permite echarse flores como los conflictivos».

Los tres grupos de la oposición mostraron de forma clara su postura contraria a aprobar la propuesta bajo esos criterios. Así, el portavoz de Cambiemos Pozoblanco-IU, José María Moyano, la tildó de «injusta» por la generalización y echó en falta que «no venga acompañada de un expediente con informes de servicios sociales, denuncias, partes de la Policía». Moyano también expuso que «sería trasladar el problema de un sitio a otro» e instó al equipo de gobierno a «preocuparse por intentar que rebajen el alquiler de esas personas porque se paga lo mismo que en cualquier otro sitio de Pozoblanco en lugar de querer cambiar el problema de un barrio a otro». El portavoz de CDeI, Benito García, siguió en la misma línea e indicó que «tengo mucho miedo que en mi nombre se utilice el término desahucio cuando quien lo ejerce lo puede hacer de forma injusta». Como el resto de portavoces reconoció el problema pero instó a cambiar la propuesta retirando la parte del desahucio e instando a la Junta a utilizar todas las medidas pertinentes para solucionar el conflicto. Por último, Auxiliadora Pozuelo puso en duda que la solución aportada desde la alcaldía fuera realmente eso y se cuestionó «qué criterios se van a seguir para desahuciar a las familias» además de preguntar si «va a desahuciar también a las personas que generan problemas en otros lugares de la localidad».

La postura del equipo de gobierno y cambio de la propuesta 

Después de los argumentos de la oposición le tocó al equipo de gobierno abriendo el turno la portavoz de Pozoblanco en Positivo (Pe+), Rosario Rossi, que afirmó que «el escrito se refiere solo a aquellas personas que crean desórdenes públicos y si el problema es la redacción podemos llegar a un acuerdo», dejando claro que no le importaría retirar la parte de los desahucios. Por su parte, el portavoz del PP, Santiago Cabello, apostó por «lanzar un mensaje de unidad» y «enfrentarse a un problema porque lo tenemos y no podemos quedarnos parados, así que vamos a poner las bases para buscar una solución», aunque también se mostró proclive a retirar la parte más conflictiva de la propuesta. Cerró el primer turno de palabra el propio alcalde que dejó claro que «no puedo confiar en la Junta de Andalucía y el problema que tenemos hay que solucionarlo poniéndole nombre y apellidos». Después de hacer un recorrido histórico con todas las variaciones del proyecto, Pozuelo aseguró que «las actuaciones policiales son casi a diario, hay denuncias de vecinos y mi criterio ha cambiado porque conozco todas las circunstancias de las familias». «La propuesta es lo mínimo que se le puede exigir a alguien que no paga agua ni luz, lo mínimo es un comportamiento cívico y si no son capaces de tenerlo tendrán que buscarse otro sitio, es la única solución que se me ocurre».

El debate entró entonces en un segundo turno de palabra donde los argumentos no se movieron y que finalizó con el primer edil recogiendo el guante lanzado desde la oposición de variar la propuesta. En este sentido, se propuso aprobar la misma pero retirando la parte de desahucios y apostando por instar a la Junta a revisar las condiciones de concesión, así como a que impulse las medidas oportunas para terminar con el problema poniéndole un tiempo para que actúe. Además, también se acordó la creación de de una comisión en el Ayuntamiento para estudiar las posibilidades de actuación y qué tipo de medidas se pueden poner desde la Administración. Esta propuesta se aprobó en su segundo apartado con el voto afirmativo de todos los grupos políticos, mientras que Cambiemos Pozoblanco y PSOE votaron en contra de lo primero, unos por entender que hay que actuar desde el Ayuntamiento y los segundos por apostar por estudiar la solución primero en la comisión creada para tal efecto.

 

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