El Pleno de la Diputación de Córdoba dio luz verde a la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, un instrumento impulsado a través del Área de Bienestar Social de la institución provincial cuya creación fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Corporación en el día de ayer.

La portavoz del PSOE en la Diputación, Ana Carrillo, explicó que “el objetivo principal de esta puesta en marcha es ayudar a aquellas familias que están en situación complicada por el posible desalojo de sus viviendas, queremos garantizar el derecho a la vivienda a familias que por su situación económica se ven con problemas a la hora de pagar su hipoteca”.

La también vicepresidenta segunda de la institución hizo hincapié en que “llevamos al pleno la puesta en marcha de la oficina, los convenios con ayuntamientos y el convenio con el Colegio Oficial de Abogados”. “No hay improvisación, llevamos muchos meses trabajando y tenemos los recursos en Bienestar Social y una partida para prestación de servicios y honorarios contemplada en el Presupuesto”, explicó.

De igual modo, se aprobaron también por unanimidad el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación 2016-2019  y el Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Vías Públicas 2016.

Francisco Ángel Sánchez, portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida, señaló del primero que “es un documento marco en el que, a través de la transparencia, todos los actores implicados sabrán cómo se distribuye el presupuesto a nivel de convocatorias y subvenciones”.

Ana Carrillo añadió que “para 2016 son más de 24 millones de euros, de los que 21,9 van para subvenciones en régimen de concurrencia y de ellos 19,5 son para ayuntamientos y 2,9 millones para subvenciones directas de carácter nominativo, premios y subvenciones excepcionales”.

Del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, el portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida destacó que “va a servir para que todos los municipios puedan hacer pequeñas actuaciones en temas de accesibilidad y eliminación de barreras”.

En este sentido, Ana Carrillo adelantó que “está dotado de un millón de euros y los criterios de reparto son un fijo del 60 por ciento para cada ayuntamiento y ELA,  el 20 por ciento por población, un 10 por ciento por dispersión y otro 10 por ciento en función del déficit de pavimentación, oscilando las ayudas desde los 8.000 a los 23.600 euros”.