La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer el archivo de la pieza política de los cursos de formación, en la que hay 24 ex altos cargos socialistas acusados, al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de estos exresponsables del Gobierno andaluz. Entre esos cargos se encontraba el que fuera alcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández.

La petición se basa en que tras las investigaciones practicadas, y las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción, no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación. «Las resoluciones de exoneración o exceptuación, como quiera que se les denomine, dictadas por los consejeros imputados, no son constitutivas de prevaricación», sostiene la Fiscalía antes de señalar que «podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno».

La Fiscalía recuerda que el archivo solicitado se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas. 

Antonio Fernández fue detenido el 24 de marzo de 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación contra el fraude de los cursos de formación que investigaba la juez Mercedes Alaya, para posteriormente ser puesto en libertad con cargos tras acusarle de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la asignación de cursos de formación.