Una sociedad que solo discute quién paga la baja ha renunciado a entender por qué llega

España ha vuelto a hablar de bajas laborales. Y lo ha hecho, una vez más, desde el lugar más pobre posible para abordar un problema complejo: la pelea de bandos.

No ha sido por una mesa serena entre empresas, sindicatos, sanidad, administración y expertos en organización del trabajo. No ha sido por una conversación profunda sobre productividad, salud laboral o sostenibilidad del sistema. Ha vuelto al debate público por un titular de Alberto Núñez Feijóo. Y cuando un problema de esta dimensión entra en la agenda a través de una frase política, casi siempre ocurre lo mismo: la realidad se parte en dos.

A un lado, quienes ponen el foco en el coste empresarial, el fraude, los lunes, los convenios que complementan hasta el 100% del salario o el impacto sobre la Seguridad Social. Al otro, quienes denuncian que se está criminalizando al trabajador enfermo, debilitando derechos o convirtiendo la incapacidad temporal en sospecha.

El resultado es previsible: empresa contra trabajador, coste contra derecho, control contra protección, abuso contra enfermedad. Un marco cómodo para discutir. Pero demasiado estrecho para entender.

Porque el absentismo no es una ideología. Es una consecuencia. Y normalmente es consecuencia de varios sistemas acumulando tensión al mismo tiempo.

Los datos no permiten frivolizar: España ronda los 1,2 millones de bajas médicas diarias, el coste anual supera los 33.000 millones de euros y el absentismo cerró 2025 en el 7,1% de las horas pactadas. El problema existe. Pero una cifra no señala culpables por sí sola: abre una pregunta. Y la pregunta no es solo quién paga la baja, sino por qué estamos llegando a tantas.

Negar el problema sería absurdo. Pero convertir esas cifras en una acusación general contra quien está de baja también lo sería. El dato abre la conversación. No la cierra.

El empresario que reorganiza turnos, pierde productividad y soporta costes crecientes tiene razones para estar preocupado. El trabajador enfermo, lesionado o psicológicamente agotado que necesita protección y tiempo real de recuperación también tiene razones para sentirse atacado cuando se habla de él como si estuviera bajo sospecha. Y el médico que sostiene consultas saturadas mientras se le exige actuar como puerta de entrada, filtro administrativo y contención social también forma parte del problema, aunque casi nunca aparezca en la conversación.

El error de fondo es discutir la baja como si fuera el origen. Una baja médica es un hecho administrativo, sanitario y laboral. Pero rara vez es el primer acontecimiento del problema. Antes puede haber una patología real, una lista de espera, una lesión musculoesquelética, un problema de salud mental, una plantilla envejecida, un trabajo físicamente exigente, una carga mal distribuida, un mando intermedio desbordado, una empresa que no detectó señales, una cultura donde pedir ayuda se interpreta como debilidad, una falta de seguimiento o, también, abuso.

El problema empieza cuando se mete todo en el mismo saco.

No es lo mismo una enfermedad grave que una baja alargada por demora diagnóstica. No es lo mismo una lesión física que una dinámica de fraude. No es lo mismo una baja por ansiedad que una organización que lleva años funcionando en emergencia. No es lo mismo proteger a quien está enfermo que ignorar comportamientos abusivos. Y no es lo mismo controlar que gestionar.

Ahí está el punto central: el camino serio no es elegir entre sospecha o buenismo. El camino serio es diagnosticar.

La incapacidad temporal no nace solo dentro del trabajador. Tampoco nace solo dentro de la empresa. Aparece en un cruce de sistemas: sanitario, laboral, jurídico, económico, demográfico, cultural y de confianza. Si la atención primaria está saturada, las pruebas tardan o una rehabilitación se retrasa, una baja puede prolongarse más de lo necesario. Si las jornadas, turnos, cargas o descansos están mal diseñados, la salud se resiente. Si las plantillas envejecen, no podemos gestionar el trabajo como si todos los cuerpos respondieran igual a los 25, a los 45 o a los 60 años. Y si empresa, trabajador, administración y sistema sanitario desconfían entre sí, cada baja deja de leerse como un proceso y empieza a leerse como una amenaza.

La AIReF ya apuntó una cuestión incómoda: no hay una sola causa. Su evaluación de la incapacidad temporal analiza diseño institucional, gobernanza, determinantes de evolución e impacto de reformas normativas recientes. Esa mirada rompe el relato fácil. No dice que todo sea fraude. Tampoco que todo sea explotación empresarial. Señala algo bastante más exigente: hay problemas de diseño, gestión, incentivos, coordinación sanitaria, regulación, organización y confianza.

Y cuando un sistema tiene varias causas, una solución simple suele ser una mala solución.

Reducir el debate a “que cobren menos” puede ser políticamente rentable para el lado conservador. Responder solo con “se criminaliza al trabajador” puede ser emocionalmente comprensible para el bando progresista. Pero ninguna de las dos posiciones, por sí sola, ordena el problema.

Hay una parte del absentismo que pertenece al terreno médico. Otra al jurídico. Otra al económico. Otra al organizativo. Otra al cultural. Pero hay una capa que casi siempre se queda fuera: la gestión humana previa. Es decir, todo lo que ocurre antes de que exista el parte médico.

Antes de la baja, muchas veces hubo señales: cansancio sostenido, errores repetidos, conflictos enquistados, irritabilidad, desconexión, sobrecarga, miedo a hablar, equipos tensos, mandos desbordados o personas que llevaban meses diciendo “estoy bien” cuando ya no estaban bien.

Muchas organizaciones no leen esas señales hasta que se convierten en coste. Y muchas políticas públicas no las leen hasta que se convierten en estadística.

Por eso la pregunta no debería ser solo cuánto cuesta una baja. La pregunta anterior debería ser qué parte del sistema permitió que tantas situaciones llegaran hasta ahí.

Una sociedad adulta no debería discutir la incapacidad temporal como si fuera una guerra entre buenos y malos. Debería preguntarse qué bajas se alargan por demoras sanitarias, qué sectores concentran más exposición física, mental u organizativa, qué parte del absentismo está vinculada a riesgos psicosociales, qué parte responde al envejecimiento de las plantillas, qué parte exige más control y qué parte exige rediseñar el trabajo.

Estas preguntas no caben bien en un titular. Pero son las únicas que separan el diagnóstico de la propaganda.

El debate real no es solo si la baja la paga la empresa, la Seguridad Social o el trabajador con una merma salarial. El debate es por qué hemos dejado que tantas situaciones lleguen hasta el parte médico: qué normas se aprobaron sin medir bien sus efectos, qué recursos no llegaron a la atención primaria, qué inspecciones no se hicieron, qué prevención se quedó en papeles, qué empresas no leyeron señales, qué trabajadores tuvieron que aguantar demasiado hasta romper y qué abusos individuales se toleraron hasta contaminar la mirada sobre todos los demás.

Cuando no miramos esa cadena completa, el absentismo se convierte en un campo de batalla perfecto: todos pueden señalar a alguien y casi nadie tiene que hacerse cargo de su parte.

Ese es el fracaso.

No que discutamos quién paga la baja.

Sino que sigamos sin ordenar el sistema que la produce, la alarga, la permite o la convierte en sospecha.

Así no se cura un país.

Solo se desplaza la factura.